Sindicatos en Justicia acusan al ministro de mentir sobre la privatización del Registro Civil

"Que el Registro lo lleven lo registradores civiles y mercantiles es que funcionarios lleven el servicio con calidad. El 50% de las quejas del Defensor del Pueblo en Justicia son sobre el mal funcionamiento del registro civil, ¿tiene sentido que un juez haga anotaciones sobre nacimientos?", ha apuntado el ministro en la Cámara baja.

Según ha señalado CCOO en una nota Catalá ha mentido al señalar en su respuesta a la pregunta formulada por la diputada del PSOE Rosa Aguilar que había llegado a un acuerdo con las organizaciones sindicales sobre la plantilla tras la privatización.

La central denuncia que Catalá "ni siquiera ha reunido a las organizaciones sindicales desde hace meses en que se incorporó al frente de la cartera de Justicia".

Añaden que el ministro también ha faltado a la verdad al afirman que numerosas sentencias expresan que los registradores de la propiedad y mercantiles son funcionarios públicos, "cuando sabe perfectamente que las sentencias de la Unión Europea de 2009 dictaminan sin posibilidad de interpretación que dichos profesionales no son funcionarios públicos y que deben cobrar el IVA.

DENUNCIA EN FISCALÍA

CCOO recuerda que ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado y una iniciativa legislativa popular y que en los próximos días comenzarán una recogida de firmas "en defensa del Registro Civil como servicio público y dentro del ámbito de la Administración de Justicia".

Al igual que ha hecho CCOO, el sindicato CSI-F ha emitido también un comunicado este miércoles en el que lamenta que Catalá haya afirmado que el Registro Civil es el servicio peor valorado por la ciudadanía.

"CSIF no va a tolerar que el Ministro de Justicia siga mintiendo y eche la culpa de su ineficacia a los excelentes profesionales que prestan sus servicios en el Registro civil razonablemente bien como se constata en un informe presentado por la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas y de la calidad de los servicios públicos dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en mayo de 2013", aducen.

Por ello, el sindicato mayoritario en el ámbito de la Justicia denuncia la "estrategia intencionada de estrangulamiento del servicio público del Registro civil para justificar su privatización. Un servicio público al que no se le ha dotado nunca de los medios materiales y personales suficientes porque nunca ha importado hasta que se ha descubierto el negocio".

"¿Es casualidad que cuando se preparan 4 millones de euros para la tercera encomienda de gestión de expedientes de nacionalidad se haya retomado la tarea de Registro?. ¿Se estaba creando un nuevo atasco para justificar una nueva encomienda?. A todo esto, en vez de difamar a los funcionarios de Justicia debería responder el Ministro de Justicia", indica el comunicado de CSI-F.

Por ello, la central exige que se paralice de forma inmediata "la opaca privatización del Registro civil y se apueste por los funcionarios de la Administración de Justicia expertos y con potencial suficiente para afrontar la gestión del Registro civil moderno que todos deseamos".