Sindicatos policiales esperan salvar las discrepancias internas tras conseguir "al fin" un preacuerdo sobre equiparación

Las organizaciones representativas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han valorado este miércoles el "esfuerzo" del Gobierno y su apuesta "al fin" por la equiparación salarial con los Mossos d'Esquadra al destinar 400 millones de euros en 2018 y otros 100 para agentes en segunda actividad o en la reserva que quieran aceptar un empleo sin plus excesivo de peligrosidad.

La cifra se eleva hasta los 1.100 millones en tres años si se suman los 300 millones de la subida que les corresponde por ser funcionarios públicos. "El avance sustancial de ayer es que por fin el Gobierno llega a la convicción de que los policías y guardias civiles tienen que estar totalmente equiparados con el resto de policías autonómicas", ha señalado Alberto Moya, secretario general de la AUGC y portavoz de las organizaciones.

Sinidicatos y asociaciones esperan salvar las "discrepancias" internas, especialmente de plataformas como Jusapol, que mantiene sus reticencias y movilizaciones al margen de la mesa de negociación, y de otras organizaciones minoritarias o no representativas en los consejos de la Policía y la Guardia Civil.

Tras el preacuerdo alcanzado el martes cerca de la medianoche en el Ministerio del Interior, los cuatro sindicatos de la Policía (todos los representativos menos ASP) y las ocho asociaciones de la Guardia Civil se han reunido en el complejo de Carabanchel (Madrid) para abordar el proceso de votación telemática con el que sondearán a las bases antes de rubricar un acuerdo calificado desde el Gobierno como "histórico". Interior les ha propuesto que la firma sea el 5 de marzo.

Los sindicatos valoran positivamente que Interior se comprometa a aprobar una ley de retribuciones que evite la descompensación salarial entre diferentes cuerpos policiales y que una auditoría externa afine aún más la cantidad para alcanzar la equiparación sobre la propuesta inicial que llevó a la mesa de negociación ayer el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto.

Para ellos es un paso que ya exista un compromiso de 1.107 millones de euros, de los que 300 se distribuirán directamente en el sueldo y el complemento especial general y los restantes 807 millones en el complemento especial de singularidad y productividad. Según el desglose de los sindicatos, esta partida se divide a su vez en tres años: 400 millones en 2018, 340 millones en 2019 y 367 millones en 2020.

El incremento bruto mensual en 2020, tal y como adelantó ayer Interior y hoy ha refrendado José Antonio Calleja, del sindicato SPP y portavoz del resto de organizaciones, será en 2020 de 561 euros para un policía nacional y de 720 euros para un guardia civil. El acuerdo tiene carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2018, de forma que ya este año un policía disfrutará de un aumento promedio de 202 euros y de 260 euros un guardia civil.

RESPALDO DE LAS BASES

Las organizaciones representativas confían en contar con el respaldo de sus bases y respetan que desde Jusapol y otras plataformas se mantengan exigencias de máximos del inicio de la negociación, cuando se pedía 1.500 millones a repartir en tres años, 500 millones por ejercicio.

También recuerdan que la oferta de Interior, tras la ruptura de negociaciones del 20 de febrero, mantiene "líneas rojas" como la de trasladar más cantidad de dinero al complemento especial general, ya que supondría un aumento de retribuciones para el personal de segunda actividad y de reserva sin colocar.

En cambio, la propuesta del Ministerio del Interior no contempla la equiparación en lo referente a derechos sociolaborales, algo que beneficia a los agentes estatales, ya que los Mossos d'Esquadra no cuentan con segunda actividad (una especie de jubilación a los 55 años). "Permanecen como están todos aquellos derechos sociolaborales que pretendía modificar, como los pabellones o la reserva y segunda actividad", recuerdan sindicatos y asociaciones.

Interior quiere destinar otros 100 millones de euros anuales para establecer nuevos puestos de trabajo para el personal en reserva que desee trabajar percibiendo una compensación económica, pasando a desempeñar funciones de vigilancia o trabajos burocráticos que no conlleven un plus de peligrosidad excesivo.