Supremo atribuye a la Audiencia Nacional la competencia para investigar una trama de tráfico de células madre

El Tribunal Supremo ha atribuido este martes a la Audiencia Nacional, concretamente al juez Eloy Velasco, la competencia sobre la investigación de una trama dedicada al tráfico de células madre desarticulada en abril del pasado año por la Guardia Civil y que habría estafado a más de 400 personas.

Según el auto dado ha conocer por el alto tribunal, y en coincidencia con el criterio del Ministerio Público, al alto número de víctimas potenciales y de territorios afectados (un total de ocho provincias), se suma la existencia de conexiones extranjeras que afecta a varios países, lo que determina una complejidad en la investigación que resulta "más abordable por una jurisdicción especializada con competencia nacional", como la que representa el Juzgado Central de Instrucción número 6.

Se da así el requisito establecido en el artículo 65.1 c) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de "perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia" para otorgar la competencia al juzgado de Velasco, que había rechazado hacerse cargo del caso iniciado en su día por el Juzgado de Instrucción número 3 de Alicante.

FALSEDAD DOCUMENTAL Y ESTAFA

El juzgado de la comunidad valenciana abrió diligencias en base a las pesquisas llevada a cabo por el equipo de Investigación Tecnológica de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante por delitos continuados de falsedad documental y estafa.

Los hechos, según destaca el auto del alto tribunal cuyo ponente ha sido el magistrado José Manuel Maza, consisten en la obtención y conservación de sangre del cordón umbilical por precioi "reultando que los laboratorios donde se dice que se iban a conservar las muestras son inexistentes o no aceptan las muestras remitidas por los imputados".

Cuando el Juzgado de Alicante remitió su informe las denuncias eran más de 400, los imputados cuatro, uno de los cuales reconoció haber realizado más de 600 extracciones. Las Audiencias Provinciales en las que se presentaron denuncias fueron 8, y el importe de las cantidades presuntamente defraudadas supera inicialmente los 750.000 euros aunque puede ser mucho mayor.

Tras la desmantelación de la red en abril del pasado año, la Guardia Civil comprobó que en ese momento había 400 afectados por la red afincada en Alicante que presuntamente se dedicaba al tráfico de células madre, y ha detectado otros 300 casos de clientes cuyas muestras se encuentran en perfectas condiciones en laboratorios de distintos puntos.

La red desarticulada el pasado 2 de abril con las detenciones del presunto cabecilla, de su esposa y de otra mujer en las localidades alicantinas de Ibi y Castalla, presuntamente cobraba a sus víctimas entre 1.800 y 2.500 euros por la extracción de sangre del cordón umbilical, y ofrecía envíos del material genético a Alemania para su supuesta conservación y tratamiento, que eran falsos.

Los detenidos están acusados de los delitos de estafa continuada y falsedad documental relacionados con la criogenización de células madre, por cobrar supuestamente entre 1.800 y 2.500 euros por la extracción de las células madre y su posterior conservación.

Este grupo además expedía contratos de prestación del servicio y certificados del resultado de almacenaje y conservación de la muestra, así como certificados de criogenización falsos. Los ahora detenidos hacían creer a sus víctimas que la muestra extraída de la sangre del cordón umbilical era remitida a laboratorios alemanes para su preservación y tratamiento, han señalado las mismas fuentes.

Las investigaciones llevadas a cabo en las últimas semanas han permitido comprobar que hasta el momento hay 400 afectados por la estafa, y cuyas muestras "no han aparecido", según ha explicado el capitán Zúñiga, quien ha calculado que el número de perjudicados podría elevarse hasta los 500 personas.

Los damnificados confirmados proceden de la Comunidad Valenciana, Murcia, Cuenca, Madrid y Salamanca, entre otras provincias, aunque la forma de operar de esta organización, --a través de dos empresas creadas expresamente por el detenido bajo los nombres de 'Instituto Celular' y 'Cryocell'--, contaba con ramificaciones en toda España.

Según la Benemérita, en agosto del pasado 2011, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), comunicó a la Guardia Civil que las autoridades sanitarias alemanas habían detectado la falsificación de un certificado de Normas de Correcta Fabricación de Medicamentos que la mercantil 'Representaciones Biomédicas de Levante, S.L.', con razón social en Alicante, había remitido a Alemania con fines comerciales en cuanto al tratamiento de células madre.

Dicho documento había sido expedido a nombre de un laboratorio alemán llamado 'Bocryo Stammzelltechnologye Gmbh' que no existe, cuya denominación era muy similar a otro real.

En ese momento, la Guardia Civil de Alicante inició la investigación, y constató que el administrador de la mercantil 'Representaciones Biomédicas de Levante' era R.C.L., vecino de la localidad alicantina de Ibi, que había sido despedido en febrero de 2011 de la empresa de este sector para la que trabajaba desde 2007 como delegado comercial, en la zona de Levante, Albacete y Murcia.

A raíz de su despido, creó las marcas comerciales 'Instituto Celular' y 'Cryocell', haciendo creer a diverso personal sanitario (ginecólogos, matronas, empresas de ecografías) que la empresa para la que trabajaba había cambiado el nombre comercial por estos últimos, aprovechándose de la cartera de clientes que había creado durante el tiempo que trabajó para dicha empresa.

De esta manera, el ahora detenido abrió en Internet las páginas web 'www.institutocelular.es' y 'www.cryocell.es', dando también charlas en clases de preparación al parto, con la intención de captar nuevos clientes.