El juez se inhibe a favor del Supremo en la querella del ministro Soria contra Victoria Rosell por injurias

El juez de instrucción 27 de los juzgados de Plaza de Castilla, donde fue presentada la querella antes de que se constituyeran las Cortes de la XI Legislatura, se ha inhibido a favor del Supremo al ser Rosell aforada. La querella fue admitida a trámite y el juez la ha remitido al Supremo al entender que es el órgano competente para pronunciarse, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

En la querella, a la que tuvo acceso Europa Press, el titular de Industria solicita al juzgado que interrogue a Rosell en calidad de investigada y a la fiscal delegada de Delitos Económicos de Las Palmas de Gran Canaria Evangelina Ríos como testigo, por lesionar su dignidad pues "una campaña electoral no implica una patente de corso para la difamación".

El pasado 3 de diciembre, Rosell acusó a José Manuel Soria de "utilizar las instituciones" y estar "detrás" de la investigación abierta por la Fiscalía por presuntamente favorecer al empresario Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, con el que la pareja de la magistrada, el periodista Carlos Sosa, negociaba la compra de una emisora de radio por cerca de 300.000 euros.

El abogado de Soria, el catedrático de Derecho Procesal Nicolás González-Cuellar, ha explicado a Europa Press que el juez de instrucción ha observado el "carácter de delito" detallado en su querella, por lo que quedan a la espera de ser notificados desde el Tribunal Supremo.

"UNA GRAVÍSIMA AFRENTA"

González-Cuellar entiende que la "falaz" manifestación de la candidata de Podemos implica una "gravísima afrenta" a la dignidad de su cliente "como persona y como ministro del Gobierno de España, pues se denigra su honorabilidad, al asignarle, sin fundamento alguno, una conducta que de haberse producido resultaría claramente delictiva".

Por último, el abogado recuerda que la Fiscalía cuenta con un régimen de "autonomía" funcional respecto al Gobierno en el Estado de Derecho, en el que prevalece la división de poderes y se "proscribe la arbitrariedad" de las autoridades y funcionarios públicos. Por ello, conmina a la querellada a defenderse como entienda oportuno pero sin "injuriar ni calumniar" a otros.