El Supremo impone 6.000 euros de fianza a la asociación Transparencia y Justicia para personarse contra Blanco

El instructor José Ramón Soriano, que investiga la presunta vinculación del diputado socialista con una trama de concesión fraudulenta de ayudas públicas, acuerda que la fianza se presente en metálico, debidamente consignado, en el plazo de ocho días desde la notificación de esta resolución.

En el auto, fechado el 25 de marzo, el magistrado recuerda que la legislación vigente contempla la obligación al particular de prestar fianza para "responder de las resultas del juicio" y siempre que la cuantía atienda a la "necesidad de adecuación" con el objeto de que "no se erija en obstáculo insalvable para el ejercicio de la acción popular", regulada en el artículo 125 de la Constitución.

Acoge así la doctrina del Tribunal Constitucional por la que determina que la "exigencia de una fianza no es en sí misma contraria al contenido esencial del derecho, siempre que su cuantía, en relación a los medios de quienes pretenden ejercitarlo, no impida o obstaculice gravemente su ejercicio pues ello conduciría en la práctica a la indefensión que prohíbe el artículo 24.1 de la Constitución".

Ponderando las "resultas del juicio" constituidas, en principio, por las eventuales responsabilidades pecuniarias para la asociación y la previsible asequibilidad de su prestación, el magistrado fija en 6.000 euros la fianza para intervenir en el proceso.

PERSONACIÓN DE LA ASOCIACIÓN

La Sala de lo Penal acordó a mediados de marzo tener como personada como acusación popular a la Asociación Transparencia y Justicia, que solicitó ser parte en este procedimiento el pasado 2 de enero. Antes de aprobar su inclusión, el Supremo requirió a esta agrupación copia de su inscripción en el Registro de Asociaciones y un poder especial para ejercitar la acción popular en nombre de la sociedad.

El fiscal Manuel Jesús Dolz solicitó en marzo al Supremo que pida el suplicatorio al Congreso de los Diputados para proceder contra el exministro por los delitos de tráfico de influencias y prevaricación relacionados con sus gestiones para la obtención por la empresa Azkar de una licencia para instalar un almacén próximo al aeropuerto de El Prat, en el término de Sant Boi de Llobregat (Barcelona).

El Ministerio Público descarta, por tanto, la existencia de indicios contra Blanco por un supuesto delito del cohecho del que le acusó el empresario farmacéutico lucense Jorge Dorribo, en relación con un supuesto pago al exministro socialista de 200.000 euros efectuado en una gasolinera de Guitiriz (Lugo) a cambio de gestiones ante el Ministerio de Sanidad.