El Supremo desestima el recurso de Garzón contra el rechazo de la recusación de Varela

En un auto, Martínez Arrieta "ratifica el contenido argumental" de su resolución del pasado 6 de mayo, que acordaba que Varela siguiera instruyendo este asunto.

El magistrado indica que aunque existe alguna "laguna" sobre si dicha resolución es recurrible, no obstante da trámite a la "pretensión revisora" del citado auto.

El abogado de Garzón en este procedimiento, Gonzalo Martínez-Fresneda, presentó la citada recusación al considerar que Varela tiene "interés directo" en la causa y le acusó de parcialidad por haber pedido a las acusaciones que rectificaran sus escritos de acusación para que se ajustaran a lo exigido por la ley.

Martínez Arrieta rechazó la recusación al concluir que la concesión de un determinado plazo para dicha subsanación "es una consecuencia de una interpretación constitucional del proceso penal".

El auto ahora confirmado por el Alto Tribunal también señala que "las resoluciones dictadas por el instructor en la causa penal son adecuadas a lo establecido en la ley procesal penal, por lo tanto, no pueden objetivizar la pérdida de imparcialidad que se denuncia".

Además, argumenta que "tampoco cabe hablar de parcialidad del instructor por tomar una decisión que persigue reforzar y actuar las garantías derivadas del principio acusatorio que ampara al imputado en el procedimiento penal".

Garzón recurrió esta decisión al estimar que la decisión del Supremo de rechazar la recusación de Varela vulneraba sus derechos fundamentales.

Además, alegó que se había vulnerado su derecho a un proceso con todas las garantías, el principio de igualdad de partes y el derecho a un juez imparcial.

Tanto la Fiscalía como las acusaciones contra Garzón -Falange Española de las Jons (expulsada del procedimiento), Manos Limpias y Libertad e Identidad- y el propio Varela habían pedido que se rechazara esta recusación.

Varela dictó auto de apertura de juicio oral contra Garzón el pasado 12 de mayo por un delito de prevaricación, lo que supuso que dos días después fuera suspendido provisionalmente de sus funciones en la Audiencia Nacional por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El juez actualmente trabaja como consultor externo de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en La Haya (Holanda).