El Supremo imputa a Garzón por prevaricación por la causa contra el franquismo

La sala segunda del Tribunal Supremo ha decidido imputar a Baltasar Garzón de forma unánime. Tanto su presidente, Juan Saavedra, como los magistrados, Adolfo Prego, Joaquín Giménez, Francisco Monterde y Juan Ramón Berdugo, han optado por admitir a trámite la querella de Manos Limpias, sindicato vinculado por la formación ultraderechista Fuerza Nueva.

"Esta sala, sin valorar ni prejuzgar lo sucedido, entiende que no se dan las condiciones para rechazar la admisión a trámite de esta querella", ya que "lo afirmado en la querella no es algo que, ab initio, pueda considerarse ajeno al tipo penal de prevaricación, al menos como hipótesis que no se advierte sea ni absurda ni irracional", afirma el Alto Tribunal en el auto de admisión.

La Fiscalía había pedido al Supremo que archivara la querella, al estimar que "no se aprecia que las resoluciones dictadas por el titular del juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional reúnan los requisitos expuestos, dado que no se evidencia que el magistrado querellado haya actuado suplantando la 'ratio' y el fin de la norma por sus propias y particulares convicciones".

Manos Limpias presentó la querella contra Garzón el pasado 26 de enero, después de el Supremo hubiera archivado en octubre pasado por cuestiones formales una denuncia del sindicato por los mismos hechos, ya que la ley establece que los procedimientos penales contra magistrados deben iniciarse a partir de una querella y no de una denuncia.

Baltasar Garzón abrió una investigación en 2008 para esclarecer los crímenes del franquismo . Estudiaba la posibiliadad de acusar a Franco y a varios miembros de sus Gobiernos de "crímenes contra la humanidad".

Finalmente decidió inhibirse y dejar la investigación sobre los crímenes de la Guerra Civil y la dictadura en manos de los juzgados ordinarios de los municipios en los que existen fosas comunes. Tomó esta decisión después de declarar extinguida la responsabilidad penal del general y de los otros responsables del ejército nacional, de la dictadura y de la Falange a los que había imputado delitos de crímenes contra la humanidad.

Baltasar Garzón, al que aún no le ha sido notificado el autodel Supremo, y por tanto, se ha enterado de su imputación a través de los medios de comunicación, ha asegurado que está "tranquilo" y que "ya se defenderá en su momento" de la acusación formulada por el sindicato Manos Limpias.

No obstante, ha manifestado que no tiene conciencia de haber cometido delito alguno al pedir los certificados de defunción de responsables de la dictadura franquista en la resolución en la que decidió abrir una causa para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo.

Desde el sindicato Manos Limpias han señalado que en su querella también solicitaban en caso de que fuera admitida a trámite que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) suspenda cautelarmente de sus funciones al juez mientras termina de instruirse ese procedimiento. Sin embargo, el órgano de Gobierno de los jueces ha decidido no estudiar si suspende provisionalmente o no a Garzón hasta que el auto del Supremo sea firme.

El presidente del Sindicato, Miguel Bernard, ex responsable de Fuerza Nueva, ha explicado que la querella se interpuso por considerar que Garzón incurrió en prevaricación al iniciar un procedimiento para la investigación y exhumación de las fosas del franquismo sin tener competencia para ello y en contra del criterio de la propia fiscalía de la Audiencia Nacional.

Reacciones

El PP cree que la decisión del Tribunal Supremo refuerza la idea de que "nadie puede utilizar a su antojo el Estado de Derecho". La portavoz del grupo popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, ha dicho que con la iniciativa del Supremo queda claro que "no hay ningún ciudadano", ni siquiera el juez Garzón, "que esté por encima de la ley".

Además, ha dicho que refuerza "dos cosas muy claras", en primer lugar que existe un Estado de Derecho que nadie puede utilizar según le convenga y, en segundo, que rige un principio de "responsabilidad de todos, incluidos los jueces, a la hora de hacer esa aplicación".

También ha señalado que la decisión judicial "avanza en una mayor confianza" en las instituciones en lo que se refiere a la persecución de los delitos, "cualquiera que sea el que lo cometa".