El Supremo ya puede retomar la investigación a Homs por desobediencia y prevaricación

El permiso de la cámara baja para proceder penalmente contra Homs ya ha llegado al Supremo, han informado fuentes de este órgano, por lo que el instructor Palomo puede seguir adelante con las prácticas de prueba que crea necesarias para determinar si se concretan o no los indicios de desobediencia y prevaricación existentes contra el diputado. En el momento de tramitar el suplicatorio, el juez descarto las acusación de malversación de caudales públicos que pesaban inicialmente sobre el diputado.

Durante su declaración el pasado 19 de noviembre ante el Supremo, que el realizó voluntariamente, Homs criticó ante el propio instructor de la causa el papel de la Fiscalía por ser contradictoria la presentación de la querella con la decisión inicial de los fiscales catalanes, que no veían caso. En una rueda de prensa posterior, Homs señaló que la sentencia en su contra está "dictada" y que existe una actitud gregaria entre Gobierno, Fiscalía y jueces instructores respecto al 9-N.

En sus respuestas al juez Palomo, Homs descartó haber tenido conciencia de haber desobedecido al Constitucional, pues su resolución no era concreta y desconocía a qué ámbito de actuación se refería. También señaló que el proceso era imparable y él actuó inmerso en este ámbito político, según explicó su defensa al término de su declaración.

PAPEL RELEVANTE SEGSEGÚN FISCALÍA

El Ministerio Público, que es el único que acusa en esta causa, considera que Homs tuvo un papel de indudable relevancia en la preparación de la convocatoria.

La prueba de cargo es una carta con la que exconseller de Presidencia responde a la empresa contratada para diseñar los programas informáticos para las votaciones y que había solicitado a la Generalitat la confirmación de que sus servicios no vulneraban la suspensión del Tribunal Constitucional.

En esta misiva, Homs no solo legitima la continuación de los servicios sino que se advierte "de las consecuencias de un eventual incumplimiento por la contratista" ya que pone a disposición del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat (CTTI) los servicios jurídicos del Govern para ejercer acciones contra dicha empresa.