El Supremo revisa mañana en vista pública las condenas y absoluciones del caso del hotel del Palau

El Tribunal Supremo (TS) estudiará el martes en vista pública los recursos presentados contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que en mayo de 2014 absolvió a la excúpula de Urbanismo del Ayuntamiento de la ciudad Condal e impuso un año de cárcel al expresidente del Palau de la Música Fèlix Millet y a su mano derecha, Jordi Montull, por las irregularidades en el proyecto de un hotel de lujo junto a la institución cultural.

Fuentes del alto tribunal han señalado que contra dicha sentencia presentaron recurso de casación tanto la Fiscalía como acusaciones popular -en representación de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (Favb)- y particular, en nombre Orfeó Català-Palau de la Música--, que solicitan un agravamiento de las condenas.

También se ven los recursos de las defensas de Millet y Montull, que solicitan la libre absolución de sus representados, según han precisado las mismas fuentes.

La sentencia de Barcelona absolvió al exconcejal de Urbanismo Ramón García-Bragado, al exgerente de este área Ramón Massaguer, al entonces responsable de los servicios jurídicos del Consistorio Enric Lambies y al arquitecto del proyecto que nunca vio la luz, Carlos Díaz.

Por el contrario, Millet y Montull fueron condenados por los delitos de tráfico de influencias cometido por particular y de ofrecimiento de tráfico de influencia: al primero le impusieron una multa de 3,6 millones de euros y al segundo de 900.000, además de la pena de prisión por este caso que es una derivada del caso del saqueo del Palau, que todavía no ha llegado a juicio.

El fallo concluyó que los dos responsables quisieron impulsar el hotel "movidos por el ánimo de obtener un beneficio económico", pero no consideró acreditado que la excúpula de Urbanismo supiese esta intención lucrativa de Millet y Montull.

USARON SU "ASCENDENCIA MORAL"

Según dicha resolución y aprovechándose de su "prestigio y ascendencia moral", Millet y Montull comenzaron a ponerse en contacto sin cesar -con reuniones, llamadas, cartas y correos electrónicos- con las autoridades competentes, con lo que lograron convencer a las instituciones para llevar a cabo el proyecto.

Así, según el relato de hechos probados de la Audiencia de Barcelona, Montull, con el aval de Millet, aumentó su insistencia en todas las fases de la tramitación, que no se limitaba a meras solicitudes, y utilizó expresiones insistentes que la Audiencia califica de "verdadera presión" sobre las instituciones.

Respecto a la excúpula de Urbanismo, la Audiencia no vio acreditado que conociesen el propósito lucrativo "cometido exclusivamente por los acusados Millet y Montull".

Sí consideró probado, sin embargo, que Lambies elaboró informes en los que hizo constar a sabiendas de su falsedad que el propietario de las fincas era la fundación del Palau, pese a que desde el 27 de febrero de 2008 "había tenido conocimiento fehaciente" de que habían pasado a manos de Olivia Hotels, promotor de la obra.

No obstante, consideró que dicha falsedad fue "irrelevante" desde el punto de vista de la legalidad urbanística porque la legislación en vigor no exigía especificar la relación de propietarios en los cinco años inmediatamente anteriores al inicio del procedimiento de modificación del Plan General Metropolitano, al no tratarse de modificación global de usos.

DEVOLUCIÓN DEL DINERO

La Audiencia también ordenó a Millet y a Montull devolver los 895.000 euros que el promotor de la obra, Manuel Valderrama, les entregó, pese a que este declaró en el juicio que no los había cobrado.

Según la sentencia, esta cantidad se la exigió Montull para que durante la tramitación de la modificación puntual del Plan General Metropolitano la fundación del Palau siguiera apareciendo como propietario de las fincas "enmascarando" la nueva titularidad.