Suspendida la vista de las asociaciones judiciales contra el CGPJ tras pedir los jueces ampliar la demanda a Justicia

La Audiencia Nacional ha suspendido este martes la vista que tenía previsto celebrar por la demanda presentada por las cuatro asociaciones judiciales contra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debido a la carga de trabajo que soportan los jueces, después de que esta parte haya pedido ampliar la demanda también contra el Ministerio de Justicia y las comunidades autonómicas.

El presidente del tribunal de la Sala Social de la Audiencia Nacional, el magistrado Ricardo Bodas, ha pospuesto la vista oral para el próximo siete de febrero tras la reclamación efectuada por la letrada de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD), Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI).

El reclamo de las asociaciones es que el órgano de gobierno de jueces suprima el denominado 'Mapa Judicial de Riesgos y sistema de alerta' y regule la carga de trabajo de jueces y magistrados a efectos de salud laboral y así lo recogen en la demanda que puedan modificar en un plazo de cuatro días.

La letrada de la acusación ha anunciado su decisión tras aportarse al comienzo de la vista un informe presentado por la Abogacía del Estado acerca de la necesidad de emplazas al Ministerio de Justicia en relación a esta cuestión y pese a insistir en el arranque del juicio que consideran que el responsable de la carga de trabajo que soportan los jueces es el CGPJ.

Tras presentar la demanda el pasado mes de julio, las cuatro asociaciones informaron en un comunicado que se sienten "legitimadas" para obligar al CGPJ a fijar "de una vez por todas" unos módulos adecuados a la complejidad y necesidades como el "derecho al descanso y a la conciliación de la vida personal y familiar" e hicieron hincapié en que "a fecha de hoy" todavía no existe regulación de la carga de trabajo a efectos de salud laboral.

En este sentido, expusieron que el órgano de gobierno de los jueces pretende aplicar unas medidas de manera "unilateral y provisional" y que, a su juicio, son "completamente ineficaces", pese a que el Plan de Riesgos Laborales de la Carrera Judicial prevé que existe una obligación para "proteger la salud" de los profesionales.