Suspendido el juicio en La Rioja contra cinco acusados por la muerte de un trabajador jubilado en una obra

De acuerdo con el escrito de la Fiscalía, los hechos se remontan al año 2010, cuando una constructora quiso comenzar los trabajos para una promoción de viviendas en Lardero.

Los responsables de esta firma contrataron a otra como contratista de los trabajos, de la que era responsable uno de los acusados, y otro, coordinador de seguridad y salud del proyecto. Esta empresa, a su vez, subcontrató a otra firma leonesa para la colocación de vidrios y cristalería, de la que son socios los otros tres acusados.

El escrito de la acusación apunta "graves carencias" en todo el proyecto, sobre todo, que no existía ningún plan de seguridad de la obra en general, a lo que suma "la ausencia de una efectiva función que coordinara la segura y ordenada aparición de los distintos gremios en la obra".

Ya en mayo de 2010, cuando se disponían a ejecutar las labores de colocación y sellado de los cristales, uno de los acusados trajo desde Ponferrada a un trabajador jubilado, A.C.G., "amigo personal suyo", que tenía conocimiento "y experiencia" en el oficio.

Sin embargo, cuando A.C.G. se encontraba trabajando a 9 metros de altura "sin usar medida de seguridad individual ni colectiva, pisó el vierteaguas de una ventana, cediendo y cayendo al vacío, lesionándose mortalmente".

Los acusados presentes en aquel momento, de la mercantil leonesa, "conscientes de lo comprometido de la situación", trasladaron al herido al Hospital San Pedro de Logroño, "alegando falsamente que había habido un atropello en una rotonda". A.C.G. fue atendido de sus lesiones, pero falleció finalmente unas horas más tarde.

Para el fiscal, todos estos hechos suponen un delito contra los derechos de los trabajadores, en relación de concurso ideal con un delito de homicidio por imprudencia grave, del que son autores los acusados.

Por ello, apunta que procede imponer a cada uno una pena de dos años y seis meses de cárcel, además de una indemnización a la viuda de 116.243 euros y de 9.686 euros a cada uno de los cinco hijos del fallecido