El TC rechaza que vulnere derechos al negarse a informar sobre los viajes de sus presidentes

Así consta en la contestación dada a esta formación por la Secretaría General del Tribunal Constitucional, que con fecha de 19 de septiembre ha resuelto denegar la solicitud de acceso a los expedientes íntegros, incluyendo los justificantes de gastos de los viajes, "por no cumplirse la exigencia de formular petición individualizada de documentos" establecida en la Ley de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas.

Este mismo viernes, el Tribunal Supremo ha aclarado mediante una nota que aún no ha decidido si admitirá o no a trámite el recurso presentado por el partido político. De momento se ha limitado ha reclamar del Constitucional el expediente administrativo correspondiente, es decir, toda la documentación relativa a la petición a este órgano de los gastos por parte del partido político.

Según la respuesta dada por el TC a Soberanía, las solicitudes de información son un derecho fundamental para la participación política de los ciudadanos, si bien los artículos de la Carta Magna que ellos invocan como vulnerados no amparan a quienes quieran erigirse "en una suerte de supervisor general de la legalidad que no le corresponde y que queda confiada en nuestro ordenamiento, como es notorio, a instituciones y órganos públicos".

El recurso fue presentado por el abogado José Luis Mazón el pasado mes de agosto en representación del ya mencionado partido político, del que forma parte, con objeto de aclarar el dinero destinado por el Constitucional a desplazamientos a otros países.

La solicitud de la citada documentación se fundamenta en la comprobación de la pertinencia de los viajes del Constitucional y la intención de conocer "si se han pagado con fondos del Tribunal Constitucional gastos de parientes o excursiones o viajes de puro ocio ajenos a los que figuraban como motivo oficial, tanto de magistrados como de cónyuges o asimilados especialmente en los viajes al extranjero del Tribunal Constitucional".

El recurso incluye también la petición de datos al alto tribunal sobre la existencia de una contrata destinada a facilitar un servicio de café y bollería al personal del TC.

A este respecto, el Constitucional señala que las citadas prestaciones forman parte de un contrato de servicios cuya licitación fue debidamente anunciada en el BOE y en el Diario Oficial de la Unión Europea.