El TS ordena nombrar un abogado de oficio para defender al expresidente chino Jiang Zemin en el caso 'Falun Gong'

El Tribunal Supremo ha ordenado nombrar abogados y procuradores de oficio para ejercer la defensa del expresidente de China Jiang Zemin y otros ocho exdirigentes del Partido Comunista chino en el caso seguido por presuntos delitos de genocidio y tortura cometidos contra decenas de miles de miembros del movimiento religioso Falun Gong.

En una diligencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la secretaria de la Sala de Admisión ofrece designar abogados y procuradores del turno de oficio para varios antiguos líderes del gigante asiático, entre ellos el expresidente Jiang Zemin, el exministro de Comercio Bo Xilai o el que fuera coordinador de la Oficina de Control de Falun Gong Luo Gan. Los letrados defensores de oficio han pedido ya el archivo de las actuaciones.

Se da la insólita situación de que por primera vez el Estado español tendrá que sufragar los gastos de defensa de antiguos líderes chinos que han sido denunciados en los tribunales. El Supremo ha acordado que tengan abogado de oficio en el caso de 'Falun Gong', pero no ha adoptado esta medida para el del genocidio en Tíbet, donde también está acusado el propio Jiang Zemin por el mismo delito de genocidio.

Ambos casos han sido objetos de recursos de casación presentados ante el alto tribunal, después de que la Audiencia Nacional decretara, el pasado junio y por nueve votos contra siete, el archivo de las actuaciones tras la aprobación de la reforma que limitó la justicia universal. En ambos procesos, está querellado el expresidente Jiang Zemin, quien tendrá abogado de oficio en un caso, pero no en el otro, según informaron fuentes jurídicas.

La disparidad de criterios ha sido uno de los argumentos esgrimidos por la defensa de los quince querellantes y víctimas del movimiento espiritual Falun Gong, entre ellas dos españoles, en su recurso contra la medida acordada por el Supremo. El abogado especializado en Derechos Humanos, Carlos Iglesias, añade que "nunca" este órgano por estos hechos, ni la Audiencia Nacional ni el mismo Tribunal Constitucional han tramitado la asistencia de oficio de letrado y procurador para los acusados.

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL LES AMPARÓ

Y es que el recorrido judicial sobre la persecución denunciada por los seguidores de Falun Gong se alarga desde hace más de 11 años en los tribunales españoles, con la inaudita situación de haber sido amparados ya previamente por estos mismos hechos por el Constitucional. El tribunal de garantías ordenó en 2007 investigar su caso al considerar que se había vulnerado su derecho a obtener una tutela judicial efectiva.

Las víctimas exponen además que los querellados nunca han solicitado tener abogado de oficio al no haber querido comparecer en ningún momento ante la Justicia española. No solo han rechazado su competencia, sino que, dicen, las autoridades del Partido Comunista Chino han mostrado "un claro desprecio reiterado a la independencia judicial de España al exigir al Gobierno español que las querellas contra sus ex dirigentes sean rechazadas por falsas".

"No me imagino al Estado español gastando dinero de todos los españoles para defender a genocidas o torturadores como Hitler, Stalin o Pinochet y sin embargo se hace con genocidas del Partido Comunista Chino", ha declarado a Europa Press el letrado que ha presentado las querellas de Falun Gong, Carlos Iglesias.

La querella se ha interpuesto por delitos de genocidio y torturas por la persecución de millones de practicantes de esta enseñanza espiritual en China y, entre ellos, una treintena de seguidores occidentales del movimiento espiritual Falun Gong que se manifestaron en la plaza pequinesa de Tiananmen en noviembre de 2001 en contra de la represión que sufren sus compañeros en China. Tras desplegar una pancarta con el lema 'Verdad, benevolencia y tolerancia', fueron detenidos.

Los querellantes se dirigen contra Jiang Zemin como el "máximo responsable" de la persecución bajo las directrices 'Difámenlos, arruínenlos económicamente y elimínenlos físicamente'. A Luo Gan le acusan de dirigir la denominada "Gestapo china", la "Oficina de exterminio de Falun Gong"; mientras que a Bo Xilai le acusan de "iniciar las extirpaciones de órganos internos a practicantes de Falun Gong vivos".

El Parlamento Europeo emitió en diciembre de 2013 una resolución exigiendo la "inmediata" liberación de todos los "presos de conciencia" en China, incluidos los seguidores de Falun Gong, tras conocer que el Gobierno del gigante asiático había iniciado una "ola de persecución" contra esta práctica espiritual en 1999 y que extirpa los órganos de presos religiosos o políticos con el fin de vender a extranjeros sus órganos para el trasplante.