El TS rechaza investigar a la senadora del PP Rosa de Haro porque el Juzgado que inició el caso no aporta indicios

Tanto De Haro como otra excargo canaria, Inmaculada Acosta, están siendo investigadas por el citado juzgado de Cádiz por un tema que no tiene que ver con su condición de cargo público, sino con la actividad profesional que desempeñaban en una escuela dedicada a la formación en materia sanitaria en Canarias.

La causa se relaciona con la actividad de la Consejería de Sanidad, cuando al frente de dicho departamento estaba la popular Mercedes Roldós, en concreto, ostentaron un cargo público dentro de la Escuela de Servicios Sanitarios de Canarias (Esscan).

En el auto dado a conocer este jueves, y del que es ponente el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, se recuerda que para que una exposición motivada sea asumida se exige "no sólo que se individualice la conducta concreta que respecto al aforado pudiera ser constitutiva de delito, sino también que haya algún indicio o principio de prueba que pudiera servir de apoyo a tal imputación".

NO SE HA VALORADO SU CONDUCTA

Una vez examinada la documentación procedente de Cádiz, el Supremo constata que en la misma no se menciona en la misma ningún elemento fáctico ni ningún indicio de criminalidad que haya sido objeto de una valoración por parte del juez de instrucción.

"No se describen los hechos investigados, ni tampoco cuál es la intervención de la aforada en los mismos", resalta el Supremo, que se limita a reproducir lo dicho por la Fiscalía, que únicamente decía que a De Haro se la relacionaba con los cursos investigados, que fueron autorizados al Sindicato de Trabajadores de Cádiz (SITCA) y que ésta pudo intervenir en la firma e los diplomas expedidos.

DIEZ IMPUTADOS Y UN AÑO INVESTIGANDO

La operación, desarrollada por la Guardia Civil en Cádiz, Badajoz y Canarias, culminó en 2010 con la detención de diez personas y la imputación de otras dos como presuntos autores de un delito de falsedad documental y estafa. Asimismo, se han intervenido más de 1,4 millones de euros procedentes de esta fraudulenta actividad.

Las investigaciones comenzaron en el mes de noviembre del pasado año, cuando los agentes fueron alertados de que un sindicato de Cádiz ofrecía títulos oficiales a cambio de determinadas cantidades de dinero.

Seguidamente, comprobaron que el Sindicato Independiente de Trabajadores de Cádiz (Sitca), previo pago de 80 euros y una fotocopia del D.N.I., proporcionaba diplomas y certificados de asistencia de cursos oficiales, sin recibir formación alguna. Gracias a estos diplomas se conseguían trabajos para los que se exigía una determinada titulación.

Entre otros, se podían adquirir certificados y diplomas del 'Curso básico de Riesgos Laborares', entre otros, titulaciones necesarias para poder optar a determinadas bolsas de trabajo o para trabajar en el sector del metal.

Supuestamente bajo la tapadera de un sindicato, ya que sus miembros no realizaban actividad sindical alguna y carecían de instalaciones y medios para ejercer tal actividad, la organización falsificaba diplomas y certificados anunciándose incluso a través de Internet, para ofrecer diversos cursos organizados por instituciones y organismos oficiales o el propio Sindicato Independientes de Trabajadores de Cádiz.

Los agentes encargados de la investigación determinaron que la actividad que realizan los miembros del sindicato tenía como única finalidad el lucro económico, procedente del pago que hacían los alumnos por los cursos, llegando a ingresar a través de su cuenta corriente un total de 1.460.533 euros entre los años 2007 y 2009, a lo que habría que añadir el dinero que se cobra en efectivo en las propias oficinas.