El TS confirma la aplicación de la "Parot" para el exjefe de los "comandos" en los 80 Lasa Mitxelena

La decisión, que cuenta con un voto discrepante del magistrado Joaquín Giménez, avala la decisión adoptada el pasado 26 de noviembre por la Audiencia Nacional que, al acumular sus condenas, señaló que los beneficios penitenciarios que se le apliquen deberán ser sobre cada una de las penas que se le pusieron en los 9 procedimientos criminales que fueron sustanciados contra él, y no sobre el máximo de cumplimiento de 30 años.

La sentencia dada a conocer este martes por el Supremo, de la que ha sido ponente el magistrado Ramón Berdugo, aplica la jurisprudencia de este órgano y también la del Tribunal Constitucional, que únicamente ha amparado a miembros de ETA con resoluciones judiciales firmes de licenciamiento de condena al considerar en esos casos concretos se vulneró el el derecho a la intangibilidad de las decisiones judiciales.

La citada doctrina no es aplicable al caso de Lasa Mitxelena según el Supremo, al no existir resolución judicial firme sobre su liquidación de condena, "ni siquiera con referencia a hojas de cálculo efectuadas por la administración penitenciaria" sobre el cumplimiento de la pena impuesta.

PENDIENTES DEL TEDH

Alegaba igualmente la defensa de Lasa a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que condenó a España por aplicar la "Parot" a la también miembro de la banda Inés del Río, si bien el Supremo recuerda que "es un hecho notorio que tal resolución no es firme y que ha sido admitida a trámite por parte de la Gran Sala de dich Tribunal el recurso presentado por el Gobierno español contra la contenida sentencia".

Por su parte, el discrepante Joaquín Giménez señala en su voto particular que debió aceptarse el recurso porque la "doctrina Parot" introdujo una nueva forma de cómputo de las condenas "que extendió su vigencia no solo hacia el futuro sino también de forma retroactiva, lo que afecta decisivamente a las legítimas expectativas de los penados fundadas en la aplicación jurisprudencial existente" hasta la creación de dicha doctrina en 2006.

Añade Giménez en su voto que, de no admitirse el recurso, en todo caso hubiera sido más correcto "esperar a la resolución del Pleno del TEDH, lo que tampoco iba a suponer excesiva demora".

A Lasa Mitxelena, que fue jefe de los "comandos ilegales" (fichados) y acumula un amplio historial en la banda. En octubre de 1977 se benefició de la Ley de Amnistía y tan sólo un mes más tarde ya intentó asesinar a un guardia civil en Villabona. El 21 de julio de 1978 fue autor del asesinato del general Juan Manuel Sánchez y del teniente coronel José Antonio Pérez. En noviembre de ese año acabó con la vida de un juez del Tribunl Supremo, en Madrid, y el 7 de abril de 1979 asesinó a un sargento y a dos policías en San Sebastián.

En 1980 huyó a Francia donde se ocupó de la dirección de los "comandos ilegales". En febrero de 1983 regresó a España para integrarse en el "comando Madrid", ordenando el secuestro de Diego Prado y Colón de Carvajal, el 28 de febrero de 1983. Un año después volvió a Francia, y siguió como responsable de los "comandos ilegales" y pasó a formar parte de la dirección de la banda.

En octubre de 1984 formó parte del "aparato de seguridad" contra los GAL y el 30 de enero de 1985 fue detenido en Anglet (Francia). Tras cumplir condena de siete años fue extraditado y llegó al aeropuerto de Barajas el 10 de abril de 1992. En marzo de 1993 fue condenado a 54 años de cárcel por colaboración necesaria en el atentado que sufrió el general Rosón, el 21 de noviembre de 1984. También fue condenado a 55 años de prisión por el asesinato del general Esquivias, y a 116 años por el atentado contra el general Valenzuela.

Más tarde 16 de diciembre de 1996 fue juzgado en la Audiencia Nacional junto con Henry Parot por el asesinato del teniente general Guillermo Quintana Lacacci, asesinado el 29 de enero de 1984 cuando salía de una iglesia cercana a su domicilio del barrio de Moncloa, en Madrid. El fiscal solicitó 30 años de cárcel para cada uno de ellos. La Audiencia confirmó la petición del fiscal y les condenó a 30 años de cárcel.