Un juzgado plantea devolver al TSJ valenciano la causa por delitos fiscales contra el exalcalde de Alicante

El juzgado ha dado traslado del asunto al Ministerio Público para que se pronuncie sobre si se puede aplicar a este caso la doctrina sentada por el Tribunal Supremo en el marco de la pieza separada del 'caso Gürtel' relativa al montaje de los expositores de la Generalitat en Fitur.

El alto tribunal dictaminó el pasado mes de diciembre que el juicio por esos hechos debía celebrarse en el TSJ valenciano aunque dos de los acusados, las ex diputadas autonómicas Angélica Such y Milagrosa Martínez, hubieran renunciado a sus escaños en Les Corts porque lo hicieron una vez decretada la apertura del juicio oral.

En la causa contra el exalcalde alicantino, el alto tribunal autonómico resolvió en junio del pasado año declararse no competente para celebrar la vista e inhibirse a favor de los juzgados de Alicante, pues el acusado había dejado de ser aforado en abril.

El Juzgado de lo Penal 6 de esta ciudad, en la que ha recaído el juicio, ha analizado ahora la decisión del Supremo sobre la pieza de Fitur y ha solicitado a la Fiscalía que se pronuncie sobre su posible aplicación a Díaz Alperi. De retener la causa, el ex diputado autonómico por el PP no sería juzgado probablemente hasta finales de 2016 o incluso 2017, debido a que la agenda de señalamientos de estos órganos están colapsadas, según las fuentes consultadas, circunstancia que no se da en la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV.

El fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Alicante, Jorge Rabasa, ha confirmado este viernes a Europa Press que va a estudiar la causa, aunque ha rechazado adelantar si esta parte se inclina por retener la causa en el juzgado de lo Penal o remitirla al TSJCV.

El exalcalde Díaz Alperi se enfrenta a una petición provisional del Ministerio Público de 9 años y 9 meses de cárcel por defraudar presuntamente a Hacienda 682.000 euros por cuotas no abonadas de IRPF correspondientes a los ejercicios fiscales de 2007, 2008 y 2009. Esa solicitud de cárcel incluye también 9 meses por un delito de cohecho impropio, que supuestamente habría cometido al no pagar por el atraque de su catamarán en el puerto deportivo de Alicante.

Junto a Díaz Alperi, que está también imputado en una rama del 'caso Brugal' donde se investiga el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, en el banquillo de los acusados deberán sentarse los empresarios Antonio Solana y Antonio Moreno.