Todas las CCAA que contaban con oficinas en el exterior las han integrado en las embajadas, menos Cataluña y País Vasco

Todas las Comunidades Autónomas que contaban con oficias en el exterior, menos Cataluña y el País Vasco, las han integrado ya en las embajadas españolas, cumpliendo así con la propuesta de la Comisión para la reforma de las Administraciones Públicas (CORA) para desempeñar eficazmente la proyección en el exterior.

Así consta en el informe trimestral de seguimiento de las medidas de la CORA abordado este viernes en el Consejo de Ministros y del que posteriormente ha dado cuenta en rueda de prensa la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

Según el citado informe, se han firmado protocolos y convenios entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y doce CCAA para lograr la integración de hasta 57 oficinas en el exterior a las misiones diplomáticas.

Las Comunidades Autónomas que se han sumado a este proceso son Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia y Comunidad Valenciana. Baleares, Asturias y Navarra no contaban con oficinas comerciales en el exterior y Cataluña y el País Vasco han rechazado la medida.

El objetivo de esta integración es prestarles una asistencia directa en la promoción de sus intereses, lograr una mejor coordinación de funciones y obtener una más eficaz utilización de los recursos disponibles. En cuanto a los ahorros, el Estado está a la espera de que en los próximos meses las autonomías vayan calculando sus cifras.

En esta misma línea, el informe constata que se ha culminado también las medidas para coordinar los entes de promoción exterior de las CCAA con las actividades y servicios de ICEX para el impulso de la internacionalización", y para integrar las oficinas de cooperación autonómicas en las Oficinas Técnicas de Cooperación (OTC) de la AECID".

63 MEDIDAS COMPLETAMENTE EJECUTADAS DE 221

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha informado asimismo de que el Gobierno ya ha ejecutado un 29% de las medidas propuestas por la Comisión para la reforma de las Administraciones Públicas (CORA), lo que ha supuesto un ahorro acumulado hasta la fecha de más de 9.500 millones de euros para el total de las administraciones.

Según la portavoz del Ejecutivo, de las 221 integradas en el informe de la CORA, que "crece día a día", 63 ya están ejecutadas al 100%, completamente finalizadas , lo que supone un 29% de cumplimiento. Asimismo, ha informado de que 74 están en fase avanzada de ejecución, 77 en fase media, y "sólo 7 en fase inicial".

De esas 221 medidas, 140 afectan al Estado y a las Comunidades Autónomas y 81 exclusivamente a la Administración General del Estado, según se detalla en el informe trimestral, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de este año.

120 MEDIDAS CONTRA LAS DUPLICIDADES

En cuanto su objetivo, 11 tienen carácter general y horizontal para todos los ámbitos de la Administración Públicas; 120 tienden a eliminar duplicidades con las CCAA y dentro del Estado; 44 eliminan trabas, simplifican los procedimientos y facilitan el acceso de los ciudadanos a la Administración; ; 38 mejoran la gestión de los servicios y medios comunes; y 8 racionalizan la Administración Institucional, tanto en el plano normativo como mediante la supresión e integración de 57 entidades públicas estatales.

Entre los últimos avances realizados, la vicepresidenta ha destacado que la extensión del PIN 24H, que permite declaraciones tributarias más ágiles. "Ya se han solicitado 179.000 claves del PIN 24H", ha detallado, para añadir que también se ha puesto en marcha la cita previa en las Jefaturas de Tráfico en veintidós Jefaturas, lo cual ha permitido atender a 645.000 personas a través de esta cita, y cita previa en el Servicio Público de Empleo Estatal, gracias al cual se ha atendido, desde junio de 2013, a 13.200.000 personas.

Sáenz de Santamaría también ha enumerado, entre los avances, el despliegue de la tarjeta sanitaria interoperable en todas las Comunidades Autónomas, la puesta en marcha de la historia clínica digital del Sistema Nacional de Salud y la receta electrónica, que ya está totalmente implantada en siete Comunidades Autónomas y que se está implantado en otras seis en la fase de Atención Primaria.

Además, el informe destaca que continúan las reuniones del grupo de trabajo creado en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para extender a las CC.AA. las medidas CORA que les afectan y aquellas a las que pueden sumarse si lo desean. De este modo, se les han trasladado las propuestas de la Subcomisión de Duplicidades y de Simplificación.

También en el ámbito autonómico, la vicepresidenta ha destacado el protocolo firmado por el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, y los presidentes de las Comunidades Autónomas de Castilla-La Mancha, Extremadura, Castilla y León y Madrid, para la licencia única interautonómica de caza y pesca; protocolo al que en próximas fechas se adherirán Galicia, Cantabria, Navarra, Comunidad Valenciana, Illes Balears y Murcia.

También ha puesto de ejemplo la planificación conjunta de las políticas de violencia de género, con la implantación de mecanismos de coordinación, o en materia de víctimas del terrorismo, donde se ha creado un canal telemático entre la Dirección General de Apoyo a las Víctimas y los centros autonómicos con competencias para atender de forma permanente las solicitudes de información.

MEJORA DE LA REGULACIÓN

Asimismo, Sáenz de Santamaría ha explicado que en el nuevo informe incorpora algunas de las cuestiones planteadas recientemente por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y que el Gobierno tiene intención de poner en marcha, como por ejemplo, la creación de "una nueva sistemática de elaboración, aprobación y revisión de leyes y normas".

El objetivo, según ha detallado, es incorporar al sistema español "lo que los sajones llaman 'Better Regulation', es decir, la mejora de la regulación". "Se trata de hacer una nueva fórmula de elaborar de leyes y otro tipo de normas para que sean más congruentes con la realidad y las necesidades sociales que se pretenden regular y que las normas sean de más calidad y que eviten la creación de nuevas trabas administrativas", ha apostillado.