Torres-Dulce lamenta la "contraproducente juridificación de los conflictos políticos"

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha lamentado este miércoles en el Congreso del "excesivo deslizamiento de los mecanismos de control de la cosa pública al ámbito judicial", así como la existencia de una "contraproducente juridificación de conflictos políticos".

Durante su intervención ante la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, donde ha acudido para dar cuenta de la última Memoria de su departamento -con datos de 2013- Torres-Dulce ha enmarcado esta queja en su diagnóstico sobre la "precariedad en la que se mueve la justicia española" a la hora de abordar el fenómeno de la corrupción, y ha añadido que el Ministerio público no cuenta con medios suficientes para abordarla.

Ha advertido además que en muchas ocasiones, los medios personales y humanos no están a disposición de la Fiscalía o la Administración de Justicia, sino que dependen "de otras instancias administrativas que, incluso, en algunos casos, son objeto de la propia investigación.

No obstante, ha anunciado que cree que el Ministerio le proveerá de más plazas y que piensa destinarlas en su mayoría a la Fiscalía Anticorrupción.

Torres-Dulce ha precisado en todo caso que, a la vista de las 18 sentencias condenatorias obtenidas el pasado año en los asuntos en los que intervino la Fiscalía Anticorrupción, el fiscal general ha señalado que el dato ha de servir "para combatir las opiniones más o menos generalizadas, que se quejan de la impunidad de este tipo de delitos".

LOS NÚMEROS DE LA CORRUPCIÓN

En lo que se refiere a tipos penales más representativos, Torres-Dulce ha destacado que la prevaricación administrativa, el cohecho, el tráfico de influencias, la malversación, las exacciones ilegales y las negociaciones prohibidas a los funcionarios se incrementaron un 22,54 por ciento en 2013 con una clara preponderancia del delito de prevaricación administrativa, que supone un 38,50 por ciento del total de los delitos de corrupción.

Ha añadido que no puede "darse por buena la idea de que las injerencias externas acarreen la salida en falso o el archivo de este tipo de procesos" y que "al final, tras mucho caminar, tras mucha diligencia, se acaba abriendo el juicio y celebrando éste con el resultado de sentencias, de todos conocidas, que suponen un castigo de los hechos"

No obstante, ha indicado que se debe reconocer que la respuesta es lenta y el asunto debe ser abordado "mediante el establecimiento de mecanismos de control administrativo y político y la dotación a la Administración de Justicia de medios materiales, personales y normativos, que permitan una respuesta punitiva real y eficaz".

Para Torres-Dulce, la corrupción es una de las cuestiones que más debilitan la fortaleza moral de nuestra sociedad, constituyendo una de las primeras preocupaciones de la ciudadanía, tal y como se pone de manifiesto en los barómetros. Supone también un "ataque a los pilares del Estado de Derecho que, si no se combate con contundencia, puede generalizarse en la sociedad", ha señalado.

A su juicio, la Administración de Justicia queda en evidencia cuando no es capaz de dar una respuesta adecuada al fenómeno. En el plano económico, la corrupción administrativa "es un factor desestabilizador del normal funcionamiento de la economía de mercado, que puede frenar el propio desarrollo del país", ha incidido.

Igualmente Torres-Dulce ha destacado que en el año 2013 han aumentado las calificaciones por delito de prevaricación administrativa en un 43,42 por ciento y por delito de cohecho en un 181,81 por ciento.

Se ha producido también un incremento importante en los delitos de exacciones ilegales (100 por 100) y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos (125 por ciento). Han descendido, por el contrario, las calificaciones por tráfico de influencias en un 72 por ciento.

Frente a ello, las sentencias por delitos de corrupción se han incrementado en un 17,93 por ciento respecto al año anterior. Han aumentado en un 35 por ciento las sentencias por prevaricación administrativa, en un 31 por ciento por cohecho y en un 75 % por tráfico de influencias. Desciende, en cambio, el número de sentencias por delitos de malversación (9 por ciento) y fraudes cometidos por autoridades o funcionarios públicos (60 por ciento).

En estos procedimientos se distinguen dos bloques según Torres-Dulce, los delitos de corrupción en el ámbito de la actividad pública y los que tienen por objeto la investigación de hechos delictivos cometidos en el desarrollo de actividades mercantiles y privadas, como son los delitos societarios, apropiación indebida, estafa o blanqueo de capitales.

Dentro de este último bloque destacan, según Torres-Dulce, ciertas prácticas irregulares cometidas en el seno de determinadas entidades financieras, como algunas de las antiguas cajas de ahorro o de las entidades en las que estas se reconvirtieron. Así, del total de causas incoadas el pasado año son 20 las que tienen tal objeto.