Torres-Dulce pide que el jurado juzgue menos delitos y no motive resoluciones para evitar "disparates" como el de Camps

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha apostado este jueves por reformar la institución del jurado popular de manera que se reduzcan los delitos que tiene atribuidos y que "no pueda motivar". Ha destacado que el actual modelo está llevando a algunos "disparates" y ha hecho referencia al caso Gürtel como "uno de los casos más paradigmáticos".

En las Jornadas sobre la Modernización y Agilización de la Justicia española, organizadas por Unidad Editorial, Torres-Dulce ha propuesto de forma "clara" y "tajante" disminuir el número de delitos que conoce en la actualidad el jurado popular. En su opinión, las competencias podrían quedar reducidas a "homicidio, asesinato y poco más".

El máximo responsable del Ministerio Público también ha calificado como "un contrasentido" que el jurado popular "motive" puesto que está formado por ciudadanos legos en Derecho. "Exigir una motivación está llevando a disparates".

Se trata de una de las sugerencias que Torres-Dulce ha incluido en el proyecto de reforma del proceso penal que ha sugerido al Ministerio de Justicia. "La intervención debe ser radical en este campo para resolver los problemas de la Justicia", ha señalado, en referencia al volumen de asuntos penales que acumula la jurisdicción.

"ESCÁNDALO" EN EL SEÑALAMIENTO DE JUICIOS RÁPIDOS

Por ello, ha mostrado su deseo de que los juicios de faltas sean "expulsados" de la jurisdicción ya que este tipo de vistas alcanzan las 350.000, con la dedicación de jueces, fiscales, policías y peritos que ello conlleva.

Siguiendo el ejemplo de otros "países civilizados", ha sugerido que las faltas se resuelvan por "policías administrativas" para "despejar" a los fiscales y que éstos puedan dedicarse a funciones de mayor importancia y especialización.

De igual modo, Torres-Dulce se ha mostrado "radical" respecto a los juicios rápidos. Tras tachar de "escándalo" que el señalamiento de estas vistas sobrepase en algunos casos el año, ha sugerido que los delitos "flagrantes o semiflagrantes" no sean instruidos, sino que "sencillamente sean conducidos inmediatamente al juzgado de lo Penal, que debe funcionar 24 horas".

En resumen, ha abogado por estructurar mejor la organización en la resolución de las infracciones leves y por potenciar instituciones como la conformidad o la mediación, así como por impulsar medidas alternativas penales que no impliquen necesariamente la pena privativa de libertad.

FISCALES COORDINADORES DE LA INVESTIGACIÓN

En relación con la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el fiscal general ha pedido que no se "venda" la idea de que la instrucción pasará al Ministerio Fiscal. "Sólo puede pasar la coordinación de la investigación y de la preparación de pruebas, el resto seguirá en manos de los jueces porque no puede ser de otra manera a no ser que se unifiquen ambas Carreras", ha explicado.

De este modo, ha precisado que el magistrado seguirá decidiendo sobre la apertura del proceso, la imputación del acusado o la licitud de las pruebas al afectar a derechos fundamentales de los ciudadanos.

"No voy a aceptar una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que no comporte una memoria económica realista de los costes, que no comporte un estudio de plantillas, asignación de unidades en dependencia exclusiva de Policía y peritos a las Fiscalías correspondientes", ha indicado.

Si se atribuye al Ministerio Público una labor de investigación procesal, ha exigido que sus actos no tengan que ser convalidados por el juez porque no conviene a la "dignidad" de la institución ni a un proceso sin dilaciones indebidas. "Lo que trabajemos tiene que ser ya proceso", ha concluido.