Torres-Dulce aboga por que políticos adopten medidas de prevención frente a la corrupción y no reformar el Código Penal

Torres-Dulce se ha manifestado así ante los medios de comunicación tras mantener este martes una reunión en la Fiscalía de Castellón y al ser preguntado por si apoya la propuesta de fiscales de endurecer las leyes contra la corrupción.

Al respecto, ha señalado que las propuestas legislativas las hace "siempre" en la Memoria de la Fiscalía General del Estado, en la que este año le va a conceder "importancia especial" a las propuestas que considera "más inmediatas, algunas emanadas del Libro Blanco y otras de las propuestas en las distintas juntas de la Fiscalía, de fiscales superiores y de fiscales provinciales", con los que se reunirá a finales de mayo para "aquilatar este tipo de reformas".

No obstante, ha aclarado que, aunque la Fiscalía Anticorrupción no le ha hecho llegar todavía la memoria de este año, el fiscal jefe y los fiscales de plantilla le transmitieron que ellos "no habían hecho ningún tipo de manifestación en relación con ese tipo de medidas".

Respecto a si él piensa que hay que endurecer las leyes contra la corrupción, Torres-Dulce ha explicado que "lo primero que hay que hacer es aplicar de forma eficiente las leyes". "No soy especialmente partidario de seguir haciendo reformas en el Código Penal, pues ya hay 27 reformas desde 1995 y, salvo muy concretos supuestos, tenemos instrumentos suficientes para enfrentarnos imparcialmente con los casos de corrupción y que éstos tengan una respuesta penal suficiente".

ÚLTIMO REMEDIO QUIRÚRGICO

En su opinión, "no se puede seguir pensando que el Código Penal es el instrumento que va a remediar muchos males", y ha apostado por que "actúen los políticos en términos de prevención de determinadas circunstancias y que funcionen otros mecanismos de enjuiciamiento, pero el Código Penal sólo puede ser un remedio quirúrgico último para poner freno a una situación de corrupción que ciertamente es importante".

Así, ha apelado a "medidas internas de partidos políticos, diputaciones y ayuntamientos para gestionar mejor los recursos públicos con criterios de intervención y de control para que cualquier situación de carácter administrativo de carácter presupuestario financiero tengan los suficientes controles y que estos se apliquen, pues es una de las páginas permanentes de la criminología y del derecho penal: primero políticas de prevención y sólo en último extremo políticas de represión".

"Lo que es necesario es que los instrumentos los utilicemos más eficientemente y con mayor rapidez para que los ciudadanos tengan la percepción de que la Justicia está actuando y de forma eficiente", ha apuntado el fiscal general del Estado.

Por otra parte, preguntado por los imputados, ha asegurado que en este tema él se encuentra en la "posición de la legalidad, es decir, "el criterio de la Fiscalía es que deben de ser imputados sólo aquellas personas contra las que se dirija una acción, pero sí me gustaría depurar las respuestas del ministerio fiscal respecto a la imputación y vamos a examinar en los próximos meses esta posición del ministerio fiscal respecto de la imputación desde el punto de vista estrictamente procesal".

Respecto a si los imputados deben abandonar los cargos públicos, Torres Dulce ha señalado que "es una decisión que compete a los afectados y su partido político". "En ese terreno no me aventuro jamás, pues respeto las decisiones que puedan adoptarse de cara a la exigencia de responsabilidades personales o internas del partido", ha concluido.