Ana Torroja será juzgada la próxima semana por urdir una trama en Panamá y Antillas Holandesas para defraudar a Hacienda

La cantante y excomponente del grupo Mecano Ana Torroja se sentará en el banquillo entre el miércoles y el viernes de la próxima semana en Palma, acusada de encabezar una estructura societaria en países como Panamá y Antillas Holandesas de la que presuntamente se sirvió para simular que residía en Reino Unido y defraudar a Hacienda. En concreto, la Abogacía del Estado solicita para ella tres años y tres meses de cárcel al sostener que, entre los años 2001 y 2007, dejó de pagar al fisco unos 1,3 millones de euros.

En concreto, la inculpada será juzgada durante esos días, a partir de las 10.00 horas, por el Juzgado de lo Penal número 5. Los servicios jurídicos del Estado consideran a Torroja autora de seis delitos contra la Hacienda Pública por el impago del IRPF entre 2001 y 2007 -exceptuado el año 2005-, mientras que la Fiscalía Anticorrupción, por su parte, solicita para ella un año y medio de cárcel y una multa de más de 462.000 euros por dos delitos fiscales -circunscribe su calificación a los años 2006 y 2007-.

Los hechos se enmarcan en la pieza separada Ñ del caso Relámpago, incoado en abril de 2007 y centrado en la canalización de dinero a través de paraísos fiscales, blanqueo de capitales y dobles ventas de solares en Cala Llamp, Andratx (Mallorca).

En su escrito de acusación, al que tuvo acceso Europa Press, la Abogacía sostiene que las cantidades que la cantante dejó de abonar ascienden a 177.373 euros en 2001, 211.820 en 2002, 375.437 en 2003, 128.277 en 2004, 226.108 en 2006 y 436.772 euros en 2007. Según la acusación, el único propósito que perseguía la cantante era eludir sus obligaciones fiscales aparentando residir fuera del territorio español, logrando de este modo evitar la tributación de las rentas "obtenidas a nivel mundial".

Así, los servicios jurídicos apuntan en concreto a la existencia de dos estructuras 'off-shore' para llevar a cabo estas operaciones, la primera de ellas situada en Países Bajos y la segunda en la República de Panamá, así como al hecho de que Torroja centralizaba todas sus gestiones económicas en la sede de Gabriel Feliu, socio del Bufete Feliu, para quien la Abogacía solicita seis años de prisión como cooperador necesario de estas presuntas infracciones penales.

En este sentido, señala que todo el patrimonio empresarial y personal de la cantante era gestionado por el despacho Feliu a partir del año 2003, siendo con anterioridad gestionado por el tercero de los acusados, Octavio Fernández de la Reguera, quien supuestamente creó el entramado societario en su origen pero "siempre bajo la continua supervisión de doña Ana Torroja de forma unitaria, sin separación alguna entre sus esfera personal o empresarial".

En concreto, para Fernández de la Reguera, la Abogacía del Estado reclama doce años de prisión como cooperador necesario de seis delitos fiscales.

LA FISCALÍA SÓLO ACUSA A LA CANTANTE

Por el contrario, la Fiscalía centra únicamente su escrito de acusación en el papel que jugó en estos hechos Torroja, para quien reclama un año y medio de cárcel por la comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública. Según la acusación pública, la acusada omitió el pago de 203.371 euros en 2006 y 456.728 un año después.

Es más, el fiscal Juan Carrau señala en su escrito que la artista ha reconocido haber defraudado estas cantidades y ha consignado el pago del dinero defraudado así como el de las costas de la Abogacía del Estado. Es por ello que reconoce en ella, en contra de los servicios jurídicos del Estado, las atenuantes de reparación del daño y la analógica de confesión y reparación.