Tres exaltos cargos de Traballo y dos responsables de Consumo, entre los nuevos imputados en la 'Operación Zeta'

Tres exaltos cargos de la Consellería de Traballo y dos responsables de Consumo, cuyas competencias dependen de la Consellería de Economía, figuran entre los 23 nuevos imputados por la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña en el marco de la 'Operación Zeta', según recoge una providencia fechada el 18 de noviembre y a la que ha tenido acceso Europa Press.

Entre los nuevos imputados, están el exdirector xeral de Traballo Odilo Martiñá Rodríguez y otros dos excargos de la Xunta, el que fue jefe territorial de esta Consellería en A Coruña y exdirector del área de Servicios Provinciales de la Diputación coruñesa, Luis Alberto Álvarez Freijido, y el exjefe de Servicio de Empleo de la Xunta Joaquín Vila Sampayo.

Los tres cesaron de sus cargos en su día por su supuesta implicación en una trama para defraudar subvenciones a través de cursos de formación. Está previsto que declaren por los supuestos delitos de tráfico de influencias y cohecho el próximo 9 de abril.

CONSUMO Y HOSTELERÍA

A estos nombres, se suman los de María Isabel Caramés, jefa de Servicio de Asuntos Xerais del Instituto Galego de Consumo, y la directora de área de la Escuela de Consumo Esther Álvarez. Su citación se ha fijado para el 14 de abril por presunto tráfico de influencias.

A ambas funcionarias se les abrió un expediente para detectar si hubo irregularidades en su actuación, tras las informaciones publicadas por esta operación, según fuentes de la Xunta consultadas por Europa Press.

También está entre los 23 nuevos imputados el presidente de la Asociación Provincial de Hostelería de A Coruña, Héctor Cañete, a quien se le imputa un presunto fraude de subvenciones, estafa, malversación de caudales y falsedad documental y quien deberá declarar el 25 de febrero.

PAREJAS DE IMPUTADOS

Junto a estos nombres, la jueza ha citado a declarar, también como imputada, a la pareja del que los investigadores consideran como el 'cabecilla' de la trama para supuestamente defraudar en cursos de formación para obtener subvenciones públicas, Gerardo Crespo.

En concreto, la mujer de Crespo ha sido citada a declarar por presunto fraude en subvenciones, estafa y falsedad documental en el mes de febrero. Lo mismo ocurre con otros dos de los imputados por la jueza con anterioridad a esta providencia.

Así, cita a la pareja del director de la Feria de Autónomos de Galicia, Luis Fraga Ameneiros, y la mujer del presidente de la Confederación de Autónomos y Profesionales de España (Caype), Eliseo Calviño.

Entre los 23 nuevos imputados aparece también el abogado Sergio Diéguez Sabucedo o personas que habrían formado parte de asociaciones de discapacitados creadas por Crespo, según los investigadores, para obtener las subvenciones. Entre ellos, está un vendedor ambulante al que se le nombró vicepresidente de una de estas entidades.

UNA TREINTENA DE IMPUTADOS

Con esta nueva providencia, la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña amplía a 30 la relación de personas imputadas en el marco de esta operación, ya que las 23 actuales se suman a las siete iniciales.

Entre las siete imputaciones iniciales figuraban las del empresario coruñés Gerardo Crespo; el presidente de Caype, Eliseo Calviño y su homólogo de la Federación de Autónomos de Galicia (Feaga), Francisco Javier Pérez Bello.

Junto a ellos, están empleadas de Gerardo Crespo y personal de consultorías. En la providencia, la jueza cita también a declarar, como testigos, a dos exempleadas de Caype, que habrían destapado la supuesta trama. Las primeras declaraciones están señaladas para el mes de febrero y por el momento se prevé que continúen hasta abril.

INVESTIGACIÓN

El juzgado inició, en diciembre de 2011, la investigación sobre un posible fraude en el cobro de subvenciones tras haber recibido un atestado del Grupo de Delincuencia Financiera y Fiscal de la Brigada Provincial de la Policía Judicial en A Coruña.

La causa se sigue por los delitos de fraude de subvenciones o estafa y malversación de caudales públicos, además de otros delitos conexos como falsedad documental, cohecho y blanqueo de capitales. Entre las personas investigadas se encuentran responsables de organizaciones de autónomos, fundaciones y profesionales.