El Tribunal Constitucional no se pronunciará finalmente sobre 'doctrina Botín' tras retirar ADIC su recurso

La Asociación de Defensa de Inversores y Clientes (ADIC) ha retirado el recurso de amparo que presento en octubre de 2010 contra la sentencia del Tribunal Supremo que archivó el 'caso de las cesiones de crédito' estableciendo la denominada 'doctrina Botín', han informado a Europa Press fuentes jurídicas. El Tribunal Constitucional tendrá que preguntar ahora a las partes que valoren esta decisión y, en el caso probable de que ninguna esté interesada en continuar, archivará definitivamente el asunto sin dictar sentencia.

La denominada "Botín" impide abrir juicio oral a instancias exclusivas de la acusación popular. El resto de partes personadas en esta casusa son, además de la Fiscalía y el Abogado del Estado, los propios directivos del Santander que comercializaron este producto financiero en los años 80, y es poco probable que ninguna de ellas modifique la postura mantenida en torno a este litigio, contraria a la admisión del recurso que pretendía la reapertura del caso.

En su recurso de amparo ADIC alegaba que la sentencia del Supremo venía a acabar con la figura de la acusación popular en el procedimiento penal, consagrada en el Derecho español desde hace casi un siglo y cuyos fundamentos fueron matizados en la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el 'caso Atutxa', en el que sí se dio luz verde a la tramitación de una causa con el único empeño de la acusación popular.

PRODUCTO FINANCIERO CUESTIONADO

Las cesiones de crédito fueron un producto financiero comercializado por el Santander entre 1987 y 1989 a sus clientes. La Fiscalía investigó más de 47.240 operaciones con unos 3.500 titulares por un importe superior a los 2.600 millones de euros, a través de las cuales los clientes podrían haber cometido un supuesto delito fiscal.

Los 15 magistrados del Pleno de lo Jurisdiccional de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo confirmaron, con cinco votos particulares emitidos en contra, el archivo de la causa dictado en diciembre de 2006 por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Los directivos del Santander estaban acusados de presuntos delitos fiscales que causaron un perjuicio patrimonial de 84 millones de euros. De los 138 clientes de la entidad que fueron acusados de defraudar a Hacienda a través de estos productos, un centenar de las causas fueron enviadas a los Juzgados de Instrucción de sus respectivas provincias y 38 están dentro del proceso de la Audiencia Nacional.

Durante el proceso, la Fiscalía de la Audiencia Nacional, representada por el fiscal Vicente González Mota, pidió en 14 ocasiones el archivo de las actuaciones contra los responsables de la entidad, mientras que la Abogacía del Estado se pronunció en los mismos términos en siete ocasiones.