Tribunal de Cuentas celebra el 20 de enero audiencia previa por el caso que investiga a Alfonso Alonso y Javier Maroto

El Tribunal de Cuentas del Estado celebrará el próximo 20 de enero una audiencia previa por el caso 'San Antonio', en el que se investiga al actual ministro de Sanidad y presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, y al vicesecretario de Acción Sectorial del Partido Popular, Javier Maroto, por el "perjuicio" causado a las arcas públicas al firmar, en la etapa de ambos en el Gobierno municipal de Vitoria, un contrato a precio considerado muy superior al de mercado.

La celebración de esta audiencia previa, en la que se analizarán los asuntos procesales de la investigación y se podrán plantear preguntas o revisar la documentación del proceso, ha sido confirmada a Europa Press por fuentes conocedoras del procedimiento.

El Tribunal de Cuentas ya ha impuesto una fianza conjunta de medio millón de euros a Alonso, Maroto y al resto de concejales del Partido Popular en el Ayuntamiento de Vitoria que en 2007 firmaron un contrato municipal de alquiler con el empresario Gonzalo Antón.

La "responsabilidad contable" por la que se impuso esta fianza se derivaría del "perjuicio" causado a las arcas públicas por este contrato, suscrito cuando Alonso era alcalde de Vitoria y Maroto, concejal de Hacienda. El acuerdo obligaba al Ayuntamiento de la capital alavesa a pagar 7,6 millones de euros al empresario Gonzalo Antón.

A cambio de esta suma, el Consistorio alquilaba por un periodo de veinte años un local que Antón había comprado un año antes por 2,7 millones de euros. El órgano fiscalizador considera que esta decisión ha podido causar un "perjuicio" a las arcas municipales.

JUICIO CONTABLE

Tanto la Fiscalía como el Ayuntamiento de Vitoria, actualmente presidido por el PNV, se han personado en el caso abierto en el Tribunal de Cuentas. El Ayuntamiento de Vitoria ya albergó en su día una comisión de investigación en torno a este asunto.

Además, aprobó el pasado mes de febrero una moción en la que se reprobaba la gestión de Alonso y Maroto por este caso. En el texto, se denuncia que fueron "responsables de actuaciones y decisiones que ocho años después están mermando las arcas públicas del Ayuntamiento de Vitoria, mediante la perdida de decenas de millones de dinero público".