Los militantes socialistas condenados por el Tribunal de Justicia de Madrid dejarán sus responsabilidades institucionales

Además, ha continuado Rollán en una comparecencia ante los medios de comunicación en la que no ha admitido preguntas, "ninguno de los concejales" formará parte de las listas del PSM para las próximas elecciones de mayo.

La propia Rollán ha sido condenada a ocho años de inhabilitación especial para cargo público por prevaricar en 2001 en el municipio de Torrejón de Ardoz, del que era alcaldesa en ese momento.

No obstante, Rollán seguirá siendo secretaria de Organización del PSM como hasta ahora, ya que este cargo no es público ni institucional, según fuentes del PSM.

La sentencia, leída ayer a las partes por el presidente del alto tribunal madrileño, Francisco Javier Vieira, condena a la misma pena al actual portavoz adjunto del grupo socialista en dicha localidad y ex edil de Urbanismo, Francisco Martín Rojas, así como al concejal Valentín Gómez.

Otros once acusados -siete de ellos concejales socialistas de Torrejón de Ardoz cuando ocurrieron los hechos y cuatro del PADE- han sido condenados a siete años de inhabilitación especial para cargo público, entre ellos la diputada socialista en la Asamblea madrileña Esperanza Rozas.

La comparecencia de Rollán ha tenido lugar en la sede del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, y en ella ha dado lectura a una declaración en nombre de los concejales socialistas condenados, algunos de ellos presentes en la sala.

"Respetamos y acatamos la sentencia, aunque, evidentemente no compartimos el contenido ni el fallo de la misma", ha afirmado Rollán que ha añadido que presentarán un recurso ante el Tribunal Supremo (TS) del que esperan "la mejor Justicia".

Pese a que el recurso suspende automáticamente la ejecución de la sentencia del TSJM, Rollán ha informado de que "ninguno de los concejales -socialistas- irá en las listas electorales de mayo próximo".

Según el texto leído por Rollán, la sentencia "deja bien claro que no se ha producido ningún tipo de enriquecimiento ni de lucro personal", y expresa que a los concejales afectados les "fortalece la conciencia" saber que "se está litigando sobre un tema de origen exclusivamente administrativo".

Esto es, según la declaración, "un aspecto esencial, ya que "tiene un significado político absolutamente distinto a que si se tratara de un tema de corrupción".

Cuando se aprobó el convenio urbanístico, el entonces equipo de gobierno socialista tenía que "atender las necesidades imperiosas y urgentes" de las más de 400 familias que se beneficiaron de las viviendas de protección pública construidas a través de ese convenio.

"Con este convenio dimos satisfacción a 107 familias que necesitaban viviendas de integración social, y otras 300 familias que necesitaban viviendas de protección pública", ha dicho Rollán antes de apostillar que están "moralmente convencidos" de haber hecho "lo correcto" y, además "cumpliendo con los procedimientos legales".

Tras leer esa declaración, Rollán que ha estado arropada en la comparecencia por un grupo de personas, entre las que se encontraban Francisco Martín y Valentín Gómez, ha abandonado la sala sin admitir preguntas.

Ante la protesta de algunos de los presentes, Valentín Gómez ha dicho a viva voz, según salía, que el entonces secretario municipal "no les informó" en su momento de la ilegalidad del procedimiento urbanístico por el que han sido condenados.