El Tribunal Supremo cita a declarar la próxima semana como imputada a la alcaldesa de Cartagena

El pasado mes de enero, el Supremo se declaró competente para instruir y en su caso enjuiciar a Barreiro por un presunto delito de prevaricación administrativa relacionado con la trama de corrupción urbanística del caso 'Novo Carthago'.

Fue a finales del pasado mes de septiembre cuando el magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, Manuel Abadía, elevó al Supremo una exposición razonada en relación a los hechos investigados en este procedimiento sobre prevaricación administrativa tras la negativa de la diputada y alcaldesa de Cartagena a comparecer voluntariamente en la causa.

Los magistrados afirmaron en su día que tanto el instructor del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, como el ministerio Fiscal, apreciaron la posible concurrencia de indicios de un supuesto delito de prevaricación "al haber impulsado una modificación urbanística arbitraria, en función de intereses particulares, lo que justifica la continuación de la investigación en la sala".

En esta causa se investiga una presunta trama de corrupción urbanística relacionada con la construcción del resort 'Novo Carthago', que consistía en la construcción de hoteles y más de 10.000 viviendas en una zona que estaba calificada como de especial protección para el Mar Menor y donde una parte de los terrenos eran LIC, ZEPA y ZEPIN y por otra parte como no urbanizable de protección del trasvase (NUPT).

En la exposición elevada al alto tribunal, el magistrado de Murcia concretaba los indicios racionales de criminalidad contra Barreiro por un delito de prevaricación, dándole 30 días para que formulara alegaciones y concediéndole la posibilidad de que declarara voluntariamente como imputada por el citado delito.

"Finalizado el plazo concedido, en escrito presentado por Barreiro declinó la posibilidad de comparecer a declarar como imputada", añadía.

En estas diligencias se recoge la imputación del actual delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, por un presunto delito de prevaricación, investigado porque, en su condición de consejero de Obras Públicas y Urbanismo en 2005, "firmó la aprobación definitiva de la Modificación Puntual del PGOU de Cartagena en San Ginés de la Jara".

Además, están imputados el que fuera delegado y consejero del Gobierno regional, Francisco Marqués, por delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias; y también se encuentra imputado el consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, desde que el pasado mes de julio se decidieran abrir diligencias para investigar su actuación en este asunto por los presuntos delitos de prevaricación, ordenación del territorio y del medio ambiente, y tráfico de influencias.

Bascuñana, la primera vez que fue citado a declarar por este asunto, se acogió a su derecho a no declarar, pendiente de un recursos de apelación que finalmente fue desestimado, por lo que permanece imputado en la causa. De hecho, un informe del fiscal anticorrupción, Juan Pablo Lozano, remitido a la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Murcia le apunta como la persona que dio el "beneplácito final" al proyecto urbanístico de Novo Carthago.