El Tribunal Supremo archiva por prescripción la causa contra el presidente cántabro por un presunto cohecho

La Sala Segunda destaca que la exposición razonada que fue enviada por la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, la instructora del 'caso Pokemon, no se "aporta indicio alguno que sustente que el pago del hotel se realizó en consideración a la condición de diputados de los investigados". Una circunstancia que exigía el tipo penal en el momento en el que ocurrieron los hechos para un supuesto cohecho no vinculado a un concreto acto u omisión de un cargo público, sobre lo cual tampoco existen indicios en el caso.

"En cualquier caso, descartando la aplicación de los preceptos relativos al cohecho vinculados a un concreto acto administrativo y admitiendo hipotéticamente que existieran indicios de la comisión del delito del artículo 426 del Código Penal --referido a la autoridad o funcionario público que admitiere dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su función--, nos encontramos con que el mismo estaría prescrito", señala en un auto.

Los magistrados recuerdan que ese delito prescribía a los tres años, y que, aun cuando se pretendiera fijar la interrupción de la prescripción en la fecha de la exposición razonada de la juez de Lugo --noviembre de 2014--, habrían transcurridos más de tres años desde la estancia de ambos políticos en el balneario.