UGT y CC.OO piden que la Ley de Transparencia sólo les obligue a dar cuenta de como gestionan los fondos públicos

Así lo han asegurado ante la Comisión Constitucional del Congreso, el secretario de Estudios de CC.OO, Rodolfo Benito, y el secretario de participación de Participación Sindical e Institucional de UGT, Frederic Monell.

Ambos han coincidido en señalar la necesidad de que España apruebe una Ley de Transparencia que, junto con otras reformas legislativas, contribuya a que los ciudadanos vuelvan a recuperar la confianza en las instituciones.

Aunque se han mostrado de acuerdo con que la norma imponga obligaciones a los sindicatos, se han afanado en dejar claro que la misma no puede utilizarse para equiparar sus obligaciones de transparencia a las que se van a imponer a las administraciones públicas.

"No se puede asimilar sin más la obligación de información activa que pesa sobre el conjunto del sector público a la que puedan tener las organizaciones sindicales", ha comentado Benito, subrayando que este mandato de publicidad activa ha de limitarse "a la gestión de los recursos públicos y los programa de financiación pública que gestionen".

También ha pedido que no se confunda "la posición de los sindicatos con las de los partidos políticos a la hora de dar cuenta ante el conjunto de sociedad de su financiación, su actividad y de los posibles conflictos de intereses entre sus cargos y dirigentes".

Los representantes de las dos centrales sindicales han subrayado la necesidad de que se tenga en cuenta la "singularidad" que la Constitución confiere a los sindicatos, destacando que no sólo defienden a sus afiliados, sino los intereses de todos los trabajadores

NO PUEDE LIMITAR LA LIBERTAD SINDICAL

"Más allá del control público sobre los recursos públicos, la ley no puede ser en ningún caso limitadora del derecho de libertad sindical, que implica una completa autonomía organizativa y una prohibición de injerencia de los poderes públicos", ha aseverado el representante de CC.OO.

También Monell ha recalcado que los sindicatos tiene "derecho a organizar su administración" y que las "autoridades públicas deben abstenerse de entorpecer ese derecho y su ejercicio".

Además, ha defendido, como su compañero, que la norma incluya un mandato al Gobierno para aprobar una regulación estatal y unitaria sobre el derecho de los sindicatos a su participación institucional en aquellos ámbitos que afectan a los trabajadores.