UPyD pide retirar la Ley de Transparencia por excluir a partidos, sindicatos y la Casa del Rey

Unión, Progreso y Democracia (UPyD) ha presentado una enmienda de totalidad a la Ley de Transparencia por dejar fuera a partidos, sindicatos, patronales, la Casa del Rey, los organismos constitucionales y, en general las entidades que reciben ayudas públicas. Según la formación que lidera Rosa Díez, el texto elaborado por el Ministerio de la Presidencia contiene "contradicciones que no reducen las zonas de opacidad y las prácticas oscurantistas que favorecen la corrupción, el despilfarro y la mala gestión en las instituciones".

Esta formación defiende que todas las personas tienen derecho a solicitar cualquier información a todas las administraciones e instituciones públicas sin tener que explicar para qué la quieren o qué uso darán a la misma, así como el derecho a recibir respuesta en un plazo breve y en un formato claro y comprensible.

Respecto a los partidos políticos, UPyD señala que no es recomendable reducir las exigencias de transparencia únicamente a su financiación, ni tampoco, por razones de ejemplaridad, que estas organizaciones estén ausentes de las Ley de Transparencia y parezca que, por tanto, están exentas de exigencias en este sentido. "Algo semejante cabe decir de los sindicatos y asociaciones patronales", agregan.

Rosa Díez defendió la inclusión de los partidos políticos en esta ley durante el debate que mantuvo este miércoles en el Congreso con la vicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. La 'numero dos' del Ejecutivo le recordó que la Ley de Transparencia es una norma ordinaria que se aplica a las administraciones públicas y que los partidos son objeto de una regulación diferente. No obstante, admitió que si los grupos parlamentarios se ponen de acuerdo en este tema el Gobierno estaría "encantado" de "impulsar" y "apoyar" mayores medidas de transparencia para los partidos.

Asimismo, la formación magenta subraya que la futura ley debería prever e impedir las "prácticas de confusión y maquillaje contable consistentes en ocultar, desviar o aplazar deuda a empresas o entidades satélites de las instituciones de gobierno que han producido la deuda".

PARTE DE UN CONCEPTO EQUIVOCADO

"La calidad democrática exige que la información pública sobre el estado financiero de las administraciones e instituciones sea veraz, actual y contrastable", añade UPyD. Aunque admiten que el proyecto del Gobierno supone un avance en esta materia, avisan de que parte de un concepto equivocado que contamina el desarrollo de la ley.

En concreto, se quejan de que el texto gubernamental adolece del anacronismo de considerar la información, "no como un bien público que las administraciones deben custodiar y poner a disposición de la ciudadanía", sino como una propiedad de las administraciones que ponen al alcance del público y que sólo resultará accesible tras previa petición.

Desde este punto de vista, UPyD considera que el proyecto remitido al Congreso reserva a las administraciones una "amplia discrecionalidad" para denegar la petición de información, incluido el uso del silencio administrativo negativo, que juzga "totalmente inadecuado para un derecho considerado básico".

MISMOS DERECHOS EN TODAS LAS COMUNIDADES

Igualmente alerta de que el hecho de que las comunidades también están regulando este asunto puede "derivar en intolerables desigualdades de derechos entre los ciudadanos según la parte del territorio nacional donde residan".

También critica la inclusión en una norma de este tipo de 'principios morales de Buen Gobierno' pero sin especificar "su significado jurídico-legal exacto", así como de "conductas sancionables que quedan demasiado imprecisas y sometidas a valoración excesivamente subjetiva" que, en ocasiones invaden o duplican preceptos del Código Penal, como los relativos al delito de cohecho.

"Particular importancia tienen las más que previsibles colisiones provocadas por la ejecución de este Proyecto de Ley, en sus actuales términos, con las regulaciones de la Ley Orgánica de Protección de Datos", argumenta el partido que lidera Rosa Díez.

SISTEMA EFECTIVO DE SANCIONES

Otra de las críticas de UPyD reside en que la norma no crea un sistema efectivo de sanciones jurídicas para el caso de incumplimiento de la misma. De hecho, sostiene que el sistema de reclamaciones a través de un organismo que no es independiente y después ante la jurisdicción contencioso-administrativa, donde las administraciones públicas conservan todas sus prerrogativas tradicionales (presunción de legalidad, inmediata ejecutividad de sus actos, etc), "no garantiza este derecho en la práctica en absoluto".

Por último, en opinión de UPyD, la ley debería recoger también la creación de un Registro Público de Intereses o Registro de Transparencia, como el recomendado por el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, que haga efectivo el acceso a la información sobre los vínculos entre administraciones, instituciones y empresas, sociedades y grupos de representación de intereses privados de cualquier tipo.