UPyD llevará al TC sus recursos contra el "reparto" del CGPJ rechazados por el Supremo

En una resolución dada a conocer este miércoles, el Tribunal Supremo ha rechazado tener legitimidad para estudiar la impugnación que presentó UPyD contra el acuerdo que alcanzaron el PP, el PSOE, IU y los nacionalistas de CiU y PNV para renovar el CGPJ a finales del pasado año, un pacto que la formación magenta considera "espurio".

La formación magenta también había recurrido la designación de Carlos Lesmes como presidente de este órgano y del Tribunal Supremo, y previamente el "reparto" de los miembros del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Perder estos recursos supondrá a UPyD el pago de las costas por un importe que asciende ya a 7.000 euros.

EL SUPREMO DICE NO SER COMPETENTE

La Sala Tercera del Tribunal Supremo, en una resolución de la que ha sido ponente Jorge Rodríguez Zapata, asegura carecer de jurisdicción para el enjuiciamiento de las cuestiones que se plantean, a las que se refiere como "actos de naturaleza parlamentaria y, como tales, inmunes a la fiscalización de las jurisdicción de este orden contencioso-administrativo".

Pero al mismo tiempo abre la vía a recurrir al TC recordando que el Estado de Derecho "diseña una tupida red de controles adecuados a la naturaleza de cada actividad, como son las del propio control parlamentario", y que es el Tribunal Constitucional quien se ocupa de actos parlamentarios sin valor de ley en el caso de que vulneren derechos fundamentales.

A esa vía se acogerá UPyD, según ha anunciado Andrés Herzog, miembro del Consejo de Dirección de UPyD y abogado del partido: "No nos resignamos ni nos damos por vencidos y anunciamos que acudiremos en amparo al Tribunal Constitucional, en la confianza de que nuestro Estado de Derecho todavía pervive y es posible obtener al fin una resolución motivada que se atreva a entrar a enjuiciar la lacra de la politización de la justicia y de los restantes órganos e instituciones en España".

A su juicio, el Supremo "ha vuelto a evitar entrar en el fondo de la cuestión" estudándose en que el nombramiento de los vocales del CGPJ es un acto de naturaleza parlamentaria, "inmune" a la fiscalización de la jurisdicción contencioso-administrativo. "Esa decisión supone un inaudito retroceso de nuestro Estado de Derecho y el retorno a los viejos tiempos, que creíamos superados, en que se admitían en nuestro ordenamiento jurídico los actos políticos exentos del más mínimo control jurisdiccional", ha dicho.

EL TC DESAUTORIZÓ LAS CUOTAS EN 1986

UPyD recuerda que el Tribunal Constitucional, en una sentencia de 1986, "fue muy claro al condicionar la validez del sistema de nombramiento por las Cámaras de la totalidad de los integrantes del CGPJ a que dicha designación no se realizara según un sistema de reparto de cuotas partidistas, pues ello supondría frustrar la finalidad señalada en la norma constitucional, alertando del peligro de que dicho sistema de nombramiento pudiera luego utilizarse para intentar influir sobre los tribunales, destruyendo la separación de poderes, pilar esencial de toda democracia".

"A pesar de tan nítida e importante advertencia, la resolución del Supremo convierte en papel mojado el criterio del máximo intérprete de la Constitución, pues es evidente que si UPyD, el único grupo que se negó a entrar en el reparto, carece de legitimación para recurrir, absolutamente nadie puede hacerlo, creando un espacio de impunidad, ajeno a cualquier tipo de control", lamenta Herzog.