Unidos Podemos, Compromís y ERC piden la nulidad de las condenas por el desalojo del campamento Gdeim Izik

Diputados de Unidos Podemos, Compromís, ERC y Bildu han firmado una declaración en la que reclaman la nulidad de los juicios en los que un tribunal marroquí ha condenado a penas de prisión a 23 activistas saharauis por la violencia durante el desalojo del campamento Gdeim Izik ('campamentos dignidad') a las afueras de El Aaiún en el año 2010.

También piden al Ejecutivo que intente que Marruecos indulte a los condenados, que han recibido penas que van desde los dos años hasta la cadena perpetua. Encarcelados desde que se produjeron los hechos, los condenados lo han sido por "violencia contra las fuerzas del orden ocasionando lesiones, asesinato y mutilación de cadáveres", por la muerte de 11 miembros de las fuerzas de seguridad marroquíes.

Los diputados argumentan que la corte (el Tribunal de Apelación de Salé) no tiene competencia para juzgar hechos que se produjeron en un territorio, el del Sáhara Occidental, que la ONU considera "pendiente de descolonización".

Además, quieren que la ONU abra una investigación independiente para ver si los 23 condenados sufrieron torturas o malos tratos. Tanto Amnistía Internacional como Human Rights Watch han pedido a las autoridades judiciales marroquíes que garanticen que las condenas no se basan en confesiones obtenidas mediante tortura o malos tratos policiales en los interrogatorios.

Es más, los partidos recuerdan que la Audiencia Nacional reconoció en octubre de 2016 el estatuto de refugiado a Hassana Alia, condenado a cadena perpetua por el Tribunal Militar marroquí --el primero que los juzgó y cuyas condenas fueron anuladas por el Tribunal de Casación, que ordenó repetir el juicio--.

Los firmantes de la declaración instan al Gobierno a tener en cuenta estas dos reclamaciones en todas sus relaciones con Marruecos. El texto lo firman diputados de Podemos, IU, En Comú Podem, En Marea, Equo, ERC, Compromís y Bildu, todos ellos pertenecientes al intergrupo para el Sáhara Occidental, pero ninguno de PP, PSOE o Ciudadanos.

Sin embargo, fuentes de estos tres grupos han explicado a Europa Press que su rechazo se debe a que, en su opinión, un intergrupo no es el órgano adecuado para emitir una declaración al respecto, sino que debería plantearse como declaración institucional o como proposición no de ley en la Comisión de Exteriores que pueda ser objeto de debate.

Los diputados de estos grupos alegan que los intergrupos no tienen reconocimiento reglamentario y los diputados que están en ellos por su interés en el tema de que se trate no pueden vincular a sus respectivos grupos parlamentarios. El PSOE tiene intención de emitir su propia posición política sobre el juicio después de hablar con observadores internacionales que han asistido a él y Ciudadanos prepara preguntas parlamentarias al Congreso.

QUE EL GOBIERNO PROTESTE Y PIDA EL INDULTO

Preguntas es lo que ya ha registrado la senadora de En Marea María Vanessa Angustia Gómez, que pregunta al Gobierno si tiene intención de "emitir algún tipo de queja al Gobierno marroquí ante la constante invasión del territorio saharaui, la violación de los DerechosHumanos y el incumplimiento reiterado del Derecho internacional".

También pregunta si va a pedir el indulto de los condenados e interpela sobre la expulsión de Marruecos del juez español Jesús Martín, que quiso ir como observador al juicio, y si piensa tomar alguna medida ante este caso concreto y "ante las sistemáticas expulsiones de sus ciudadanos y ciudadanas de los territorios ocupados o incluso de la capital marroquí".

La declaración del intergrupo afirma que las misiones internacionales de observación han cuestionado la cadena de custodia y las pruebas aportadas, que "no vinculan de manera directa a los acusados".

IU: "CONDENAS POLÍTICAS"

Por su parte, la responsable federal de Relaciones Internacionales de IU, Marina Albiol, ha afirmado en un comunicado que las condenas son "absolutamente desproporcionadas e injustas" y que se trata de "condenas políticas" que eran previsibles tras lo que ha considerado un "juicio farsa".

La eurodiputada de IU ha asegurado además que el Gobierno español no atendió su petición de que hubiera "una presencia de la diplomacia del Estado español en calidad de observadores en la etapa final del juicio", como sí hicieron los Gobiernos de Finlandia, Dinamarca, Suecia, Suiza, Holanda o Noruega, que "movilizaron a sus respectivas embajadas para tener información de primera mano de lo que estaba ocurriendo".