Los etarras Urrusolo Sistiaga y Díez Torre evitan incriminar a una acusada de matar tres Tedax con un paquete bomba

El histórico dirigente de ETA José Luis Urrusolo Sistiaga, acogido a la 'vía Nanclares', y el etarra Fernando Díez Torre, excarcelado tras la anulación de la 'doctrina Parot', han evitado incriminar este jueves a Itziar Alberdi acusada de enviar un paquete bomba al Ministerio de Justicia que, posteriormente, provocó la muerte a tres Tedax que participaban en su desactivación.

Alberdi, que fue detenida hace un año en México tras permanecer huida durante 22 años y ahora se enfrenta a una petición de 128 años de cárcel por este atentado, ha afirmado en el juicio celebrado en la Audienncia Nacional que no tiene "nada que ver" con esta acción y que en el momento de los hechos se encontraba en Valencia, donde había firmado un contrato de arrendamiento para un piso franco.

Al ser preguntada por su defensa sobre las anotaciones intervenidas al etarra Díez Torre que la relacionan con este ataque, Alberdi ha explicado que la banda terrorista disponía de una agenda donde apuntaba las informaciones que "llegaban de Francia o de otros miembros" y que "cualquiera" podía acceder a ese cuaderno. Ha precisado que nunca ha estado en Valladolid y que no ha sabido "nada sobre esto hasta que he sido acusada".

En la vista han declarado, en calidad de testigos y con obligación de decir verdad, el histórico etarra José Luis Urrusolo Sistiaga, actualmente expulsado de la banda, y Fernando Díez Torre, que recientemente se desdijo de su declaración policial y evitó incriminar a la propia Alberdi en el juicio por el asesinato del catedrático Manuel Broseta, por el que finalmente resultó absuelta por falta de pruebas.

Urrusolo Sistiaga, acogido a la 'vía Nanclares' que agrupa en la cárcel de Zaballa (Álava) a los terroristas arrepentidos, ha dicho no conocer a la acusada ya que en la banda "no se reconocían por los nombres y cambiaban los alias dependiendo de las circunstancias". "He reconocido mi participación en otros atentados, pero de este no reconocí mi participación. Era militante de ETA y asumí mi responsabilidad", ha manifestado.

Por su parte, el etarra Díez Torre ha dicho no recordar el nombre de Itziar Alberdi ni el alias de 'María', mientras que ha asegurado no tener "ni idea" sobre un croquis de Valladolid y una empresa de trasportes de esta ciudad desde la que se envió el paquete bomba. "No sé lo que llevaba encima ni lo que dejaba de llevar en el momento de mi detención", ha respondido a las acusaciones.

UNA PRUEBA CALIGRÁFICA LA RELACIONA CON EL ATENTADO

Sin embargo, los peritos han destacado que "los autores de esos manuscritos" intervenidos a Díez Torre en marzo de 1992 están atribuidos a Urrusolo Sistiaga, ya condenado por estos hechos, y a Alberdi. "La información del destinatario del artefacto corresponde a Urrusolo Sistiaga y la anotación de la empresa desde la que se remitió el paquete a Itziar Alberdi", ha remachado.

Tres empleados de la empresa Express Cargo de Valladolid han relatado que dos hombres y una mujer les entregaron un paquete con dirección de un alto cargo del Ministerio de Justicia, donde les fue devuelto al ver su interior "todo oscuro" en el escaner. Aquel 25 de junio de 1991, un trabajador lo introdujo en su furgoneta e hizo la ronda del resto de envíos hasta que el paquete bomba acabó finalmente depositado en un almacén de Villaverde (Madrid) tras percatarse de que el remitente era una gráfica con dirección desconocida y con el nombre de 'Jotasu', curiosamente la denominación de un mortero usado por la banda.

Un grupo de agentes del Cuerpo Nacional de Policía han puesto de relieve que acudieron días después a la nave, tras la llamada de ETA avisando del paquete bomba, pusieron en marcha un cordón de seguridad y desalojaron las instalaciones. "Oímos una fuerte explosión y entramos en las instalaciones, sacamos a los artificieron en bastante mal estado. Estaba todo destrozado, el foco de explosión tenía muchos daños y una bomba de esa magnitud afecta a las estructuras de la nave", han explicado.

Sobre las 22.15 horas del 1 de julio de 1991, el paquete bomba hizo explosión en el momento en el que los Técnicos de Desactivación de Explosivos (Tedax) lo manipulaban. Acabó con la vida del oficial de Policía Luis Claraco y el subinspector Pedro Domínguez, que murieron en el acto, y del oficial José Luis Jiménez, que falleció más tarde en el hospital. La explosión provocó daños por valor de 324.533 euros.

LAS FAMILIAS DENUNCIAN LOS PROBLEMAS DE MEMORIA DE LOS ETARRAS

La abogada de la AVT, Carmen Ladrón de Guevara, ha puesto de relieve que "por desgracia las familias han tenido que esperar más de 23 años para que se pusiera esta última pieza del puzzle, la correspondiente a Alberdi", cuya participación ha quedado demostrada sin "ningún género de dudas" a raíz del croquis intervenido que la sitúa en Valladolid y el manuscrito sobre esta acción con su caligrafía.

El abogado de la acusación particular, Juan Carlos Rodríguez Segura, ha destacado que la acusada "realizó todas las labores necesarias para que se remitiera el paquete bomba y después huyó a conciencia para no asumir su responsabilidad por las masacres que venía ocasionando". "Se ha arrebatado la vida en su plenitud de tres personas y hay tres familias rotas que tienen derecho a ver resarcidos los daños", ha remachado.

Al término del juicio, que ha quedado visto para sentencia, la Fiscalía ha elevado a definitiva su petición de penas por delitos de atentado, tres asesinatos y estragos terroristas; mientras que la defensa ha solicitado la libre absolución de su clienta por falta de pruebas suficientes para condenarla y ha puesto de relieve que nadie la ha identificado.