Velasco rechaza archivar la causa contra un presunto colaborador de Marjaliza en el fraude de facturas falsas

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha rechazado archivar la causa abierta contra el empresario Alfonso Luna porque hay "indicios incriminatorios" de que colaboró con David Marjaliza, presunto 'cerebro' de la trama Púnica y socio del ex secretario general del Partido Popular (PP) de Madrid Francisco Granados, en el "fraude" vinculado a la emisión de facturas falsas.

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado desestima la petición del empresario de levantar su imputación por las facturas que Ademo Asesoría Integral cargó a la mercantil Vancouver Gestión, una sociedad participada por Marjaliza y que, según la Agencia Tributaria, le habría servido para recibir "cantidades ennegrecidas".

En el informe titulado 'Participaciones Directas e Indirectas en Entidades de David Majarliza Villaseñor y Personas Vinculadas' que obra en el sumario de la trama de corrupción Púnica, se detalla que el empresario de la construcción David Marjaliza recibió más de 4,4 millones de euros en negro gracias a las facturas falsas cargadas a sociedades en las que tenía participación entre 2004 y 2006.

En un auto, dictado el pasado 22 de septiembre, el juez Velasco se opone a que Alfonso Luna pase de tener la condición de imputado a la de testigo, puesto que se trata de una persona "especialmente vinculada" al entramado empresarial de Marjaliza durante la última etapa.

Desde febrero de 2011, aparece como administrador único de Ozery Invest y ocupa además este puesto en Tielve Inversores desde que cesara Marjaliza en 2009. Su nombre figura también en la constitución de Noray Gestión, Integral o Deloya Gestión, compañías en cuya administración sucedió a Marjaliza, que "solo mantenía el control mayoritario de las sociedades".

IMPORTES REGULARIZADOS

Según el juez, Marjaliza recibió a través de su sociedad Vancouver por parte de Ademo Asesoría Integral un total de 334.059 euros en el año 2004, y 524.905 euros en el ejercicio siguiente gracias al "mecanismo clásico de la factura falsa de cobrarla a cuenta, vía cheque y retirar luego de la cuenta en efectivo el 90% más el IVA, quedándose el facturero con el 10%".

Vancouver recibió también de la sociedad Recoprom, administrada por Eduardo Arellano Céspedes S.L., un total de 304.366 euros, según los informes de inspección del organismo tributario. Es cierto, precisa el juez, que los importes fueron regularizados por actas de conformidad de fecha del 28 de marzo de 2008.

Los administradores de Ademo y Recoprom señalaron a Emilio Taravillo Manzanedo, Ana María Pilar Ramírez Fernández y Alfonso Luna como "personas colaboradoras en el mecanismo de dicho fraude", concluye el juez, que ha atendido la petición de la Fiscalía de oponerse a archivar el caso de este empresario.

UN CENTENAR DE IMPUTADOS EN 2008

La 'operación Púnica' estalló en octubre de 2014 y, desde entonces, más de un centenar de personas se encuentran imputadas por participar en la adjudicación de contratos fraudulentos en materia de urbanismo y obras públicas, eficiencia energética y reputación 'on line' suscritos en tres comunidades autónomas (Madrid, Valencia y Murcia), la Diputación de León y una decena de ayuntamientos madrileños y valencianos.

Entre los ex altos cargos de la Comunidad de Madrid imputados en la causa, se encuentra, además de Granados, el exconsejero de Presidencia y Justicia Salvador Victoria; la exconsejera de Educación Lucía Figar; el exconsejero y exviceconsejero de Educación Manuel Pérez Gómez; o el ex consejero delegado de la Agencia Informática y de Comunicaciones (ICM) José Martínez Nicolás.

En relación con la Región de Murcia, se investiga al exconsejero de Industria y Turismo Juan Carlos Ruiz; la ex directora general de Turismo Mariola Martínez Robles; al ex jefe de Gabinete del consejero de Turismo e Industria José Fidel Saura; a la ex directora del Instituto de Fomento Reyes Samper, o al secretario técnico del Instituto de Turismo Jesús Norberto Galindo.

El expresidente de la Diputación de León Martín Marcos Martínez y el exinterventor general de este organismo Manuel Jesús Sánchez están encausados en el procedimiento, al igual que nueve antiguos alcaldes, doce exconcejales y trabajadores municipales de diversos municipios madrileños.