El juez Velasco aplaza por segunda vez el interrogatorio del expresidente de Metrovacesa

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha vuelto a aplazar la declaración del expresidente de Metrovacesa Joaquín Rivero como imputado por delitos de apropiación indebida, administración desleal y estafa en la causa en la que investiga varias inversiones extranjeras y operaciones inmobiliarias relacionadas con el reparto de la inmobiliaria, según han informado fuentes jurídicas.

El magistrado ha llamado a declarar a Rivero para el próximo 3 de marzo, después de que este haya excusado su comparecencia a la citación a la que había sido convocado para este martes. El empresario ya había sido emplazado el pasado 3 de febrero para ser interrogado por estos hechos, pero su abogado justificó que tenía un juicio en Francia y no podía acudir a la sesión.

En el marco de esta causa, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 interrogó el pasado 3 de febrero en calidad de imputado al empresario Román Sanahuja, que se ha remitió a la declaración prestada en Fiscalía defendiendo la legalidad de los negocios investigados.

A este respecto, Sanahuja destacó que la compañía consideró interesante adquirir unos terrenos en Londres, aunque los bancos se acabaron echando para atrás durante la crisis económica.

Al ser preguntado por un préstamo que recibió cuando era directivo de la inmobiliaria, el compareciente negó cualquier irregularidad y ha defendido que estaba avalado por la junta directiva y por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), sobre lo cual aportará documentación al juzgado.

Joaquín Rivero presidió Metrovacesa desde que su empresa Bami la adquirió en 2002 hasta que en 2007 la familia Sanahuja tomó el control de la inmobiliaria tras la 'guerra de OPAs' mantenida entonces por la compañía.

El juez Velasco investiga en esta causa también al ex consejero delegado de Metrovacesa Jesús García Ponga y al que fuera secretario del Consejo de Administración Pablo Usandizaga en virtud de la denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción por hechos relativos a 2006 y 2007, que fueron investigados antes en varios juzgados de instrucción de Madrid.