Vicepresidente del CGPJ dice que "hablar" con familiares de presos de ETA forma parte de la libertad de expresión

El vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Fernando De Rosa, ha afirmado que las últimas actuaciones protagonizadas por representantes políticos de Bildu en el País Vasco y especialmente la actitud demostrada el pasado martes por el diputado general de Guipúzcoa, Martín Garitano, quien se acercó durante la festividad de Loyola en la localidad de Azpeitia a saludar a un grupo de apoyo a los presos etarras, "no deben considerarse como un síntoma de nada" porque, según ha enjuiciado, son actos que entran dentro de "la libertad de expresión personal".

"Yo creo que el mero hecho de acercarse a hablar y hacer unas manifestaciones en este sentido es libertad de expresión y no creo que podamos considerarlo como una actuación contraria a la ley", ha asegurado tras intervenir en los Cursos de Verano de El Escorial, organizados por la Universidad Complutense de Madrid, en los que ha participado en la charla sobre 'La última reforma penal'.

"Otra cosa es que hubiera una apología del terrorismo, una apología de los propios presos o de sus conductas", ha subrayado De Rosa, quien ha incidido en que la libertad de expresión "está por encima de cualquier circunstancia", pero siempre que eso "no suponga un atentado contra los derechos fundamentales".

La cuestión es que "por mucho que se pueda tener una opinión personal clara sobre el tema, acercarse a hablar con determinadas personas que tienen un problema penitenciario no debe considerarse como un síntoma de nada", ha matizado.

En este sentido, preguntado por si este tipo de actuaciones puede generar un nuevo proceso de ilegalización, el vicepresidente del CGPJ ha recordado que "la ley establece que no solamente se puede ilegalizar un partido previamente por el hecho de que sus estatutos y actuaciones están contra esa ley", sino también "con posterioridad".

"Por lo tanto", ha considerado, "habrá que estar a lo que en cada momento digan la propia Fiscalía y los propios tribunales de justicia al valorar determinadas conductas", porque de ellos depende elaborar el informe que determine que ha habido una actuación "contraria a legislación".

"Si no han actuado hasta ahora es porque han considerado que no ha habido esa conducta y por lo tanto hay que respetarlo. La justicia, en este caso, si tiene que llegar llegará", ha argumentado.