Víctimas piden responsabilidades a Gallardón por la liberación de narcos y apuntan a una "huelga de celo" de los jueces

La Asociación Nacional de Víctimas de Delitos Violentos (ANVDV) ha advertido de que el Ministerio de Justicia, dirigido por Alberto Ruiz-Gallardón, tiene una "gran responsabilidad" en la liberación de narcotraficantes llevada a cabo por la Audiencia Nacional por no haber previsto el "peligro interpretativo" que conllevaba la reforma de la justicia universal.

La asociación ha mostrado sus sospechas de que la Audiencia Nacional parece estar actuando bajo una "especie de protesta reivindicativa o huelga de celo" para mostrar su "franca oposición" al cambio de la justicia universal.

"Parece que no han encontrado otra forma de expresar su desacuerdo que con esta medida que perjudica a España, a toda la sociedad española, a la seguridad pública y nos pone en entredicho ante los demás países empeñados en la persecución del narcotráfico", ha expuesto.

UN "ESCÁNDALO"

Las víctimas han mostrado su "más enérgica repulsa" a las excarcelaciones de narcotraficantes acordadas por los jueces de la Audiencia Nacional y han urgido a la Sala de lo Penal a anular y rectificar estas "injustas decisiones". En este sentido, han denunciado que no se haya acordado su extradición y puesta a disposición de las autoridades de los países competentes para su persecución.

"Se han dejado en libertad sin más. Ni siquiera se ha acordado su expulsión de España, que sepamos. ¡Los excarcelados pueden pedir la devolución de los objetos decomisados y una indemnización!. ¡Un verdadero escándalo, una barbaridad!", ha advertido en un comunicado la asociación.

En este punto, ha expresado que hasta los propios narcotraficantes se han sorprendido de la decisión de España, pues ni ellos habían solicitado la libertad en base a los argumentos empleados por los magistrados.

A su entender, España ha incumplido varios convenios internacionales en la persecución del narcotráfico, el cual lleva aparejados numerosos delitos conexos contra las personas, la corrupción o el blanqueo de capitales. "Con esta quiebra del Estado de Derecho se demuestra que el ejercicio de la acusación popular es sano y beneficioso para la Justicia", ha concluido.