La defensa de Villarejo denuncia indicios de nulidad en los registros y dice que su prisión es "desproporcionada"

La defensa del comisario jubilado José Villarejo ha denunciado este lunes que se han detectado "indicios de nulidad" en los registros practicados por los agentes de la unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional en el chalet que posee en Boadilla del Monte (Madrid) tras su detención el pasado viernes en el marco de la operación anticorrupción 'Tándem', según han informado a Europa Press fuentes de la defensa.

Los abogados del comisario consideran que la prisión incondicional decretada ayer por la noche por la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela es "injusta y desproporcionada". La juez acordó esta medida tanto para él como para su socio Rafael Redondo y el actual comisario jefe contra las redes de inmigración ilegal Carlos Salamanca.

A todos ellos les imputa delitos de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales por su implicación en esta trama con la que presuntamente se habrían lucrado con servicios especializados de inteligencia, facilitando la entrada ilegal de ciudadanos no comunitarios en territorio español.

A Salamanca, ex responsable de Barajas y actualmente comisario jefe de la Unidad Central contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsificación (UCRIF), la juez le atribuye también indiciariamente un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

La operación Tándem se basa en informes supuestamente fraudulentos como el que realizaron Villarejo y Salamanca por encargo de un alto cargo de Guinea Ecuatorial sobre uno de los hijos del presidente Teodoro Obiang, supuestamente para desacreditarlo. Fuentes jurídicas han precisado que en los registros se incautaron de "importantes sumas de dinero", sin precisar la cantidad. La causa está declarada secreto.

Además de estos tres investigados, los agentes detuvieron el pasado viernes a la mujer de Villarejo, Gema Alcalá, un hijo de Villarejo, otro de Salamanca y una séptima persona. Estos cuatro quedaron en libertad tras prestar declaración ante la titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, de guardia cuando se inició el operativo de Anticorrupción. La única medida cautelar fue la retirada del pasaporte a la mujer de Villarejo.

CORRUPCIÓN EN LOS NEGOCIOS

La operación, bautizada como Tándem, fue iniciada por la unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional y tiene como objetivo el desmantelamiento de una organización criminal cuyo principal objetivo es la "reintroducción en España, y otros países de la Unión Europea, de fondos procedentes de actividades ilícitas vinculadas a la corrupción internacional en los negocios".

Según Anticorrupción, los detenidos se prevalecían de las funciones propias de sus respectivos cargos policiales, "especialmente sensibles para la seguridad nacional", con la intención de recibir "elevadas sumas de dinero así como regalos suntuarios diversos, a cambio de la prestación de servicios especializados de inteligencia y de facilitar la entrada ilegal de ciudadanos no comunitarios en territorio nacional.

El pasado viernes el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea, refuerzo de Manuel García Castellón, ordenó que se llevaran a cabo hasta seis detenciones en auxilio del Juzgado Central de instrucción número 3, del que es titular Lamela. También autorizó más de una docena de registros en domicilios y sedes de empresas en las provincias de Madrid, Málaga y Valencia.