Villarejo pide la nulidad de las pruebas por ser "pillado" en su casa un funcionario de Hacienda sin autorización

El excomisario José Manuel Villarejo ha pedido que se eliminen del procedimiento judicial por el que se encuentra en prisión provisional todas las pruebas que fueron halladas en su chalé de Boadilla del Monte (Madrid) al considerar que se vulneró su derecho a la inviolabilidad del domicilio, ya que la investigación fue dirigida, en una "vergonzosa pillada", por un funcionario de la Agencia Tributaria que no tenía autorización.

En un recurso de apelación, al que ha tenido acceso Europa Press, presentado por el despecho de Ernesto Díaz-Bastién, el excomisario Villarejo se queja de que durante las doce horas que duró el registro del pasado 3 de noviembre (se extendió hasta las cinco y media de la mañana) se llevó a cabo una "investigación prospectiva" dirigida sin autorización previa por un funcionario de la Agencia Tributaria.

La defensa de Villarejo argumenta que esto es ilegal porque su cliente, según el auto de prisión, está investigado por los delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, cohecho y delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, y ni al él ni al resto de imputados se le investiga por ningún delito contra la Hacienda Pública.

Fue este agente de la Agencia Tributaria, al que se identifica en el escrito por su número, el que se encargó de la "búsqueda, examen, lectura y selección concreta de documentos y otros elementos pretendidamente indiciarios de prueba". "Descartó y eligió documentos incluso contra el criterio de otros agentes de policía sí autorizados judicialmente", señala el escrito presentado ante el Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional.

El recurso detalla que este agente de la Agencia Tributaria "impartió órdenes directas contradiciendo a policías de la Unidad de Asuntos Internos", encargándose de la vigilancia y de buscar pruebas supuestamente escondidas en falsos suelos y en paredes, así como dentro de una maleta que se registró en el salón de la casa.

"ESTE SEÑOR NO ES POLICÍA"

La defensa del policía jubilado, que se encuentra desde el pasado domingo por la noche encarcelado en el módulo 4 de Estremera junto con otros agentes de las fuerzas de seguridad, asegura que se preguntó al funcionario de Hacienda si era el jefe del operativo, a lo que respondió con "evasivas sin dar mayores explicaciones".

Acto seguido, la defensa de Villarejo le preguntó al inspector - "de nombre Gonzalo"-- quién era el encargado de dirigir el registro en el domicilio del excomisario. La respuesta de este policía de Asuntos Internos, según el recurso, fue: "Ese señor no es policía. No sé lo que es, pero policía les aseguro que no". "Lo único que logramos saber", continúa el escrito, "fue que este señor formaba parte de la Unidad de Apoyo de la Fiscalía Anticorrupción, omitiéndose conscientemente que pertenecía a la Agencia Tributaria".

Según la defensa de Villarejo, que ha pedido amparo a la Sala de la Audiencia Nacional, la letrada de la Administración de Justicia le preguntó su nombre. "El absurdo de la situación fue de tal magnitud que la letrada de Justicia de Mósteles le confundió con un fiscal más de la Fiscalía Anticorrupción, pues la primera respuesta que dio es que venía de Fiscalía", indica el escrito.

Para los abogados de Villarejo "es evidente que el agente de la Agencia Tributaria sabía y conocía que no podía practicar registro alguno en la casa". "Ocultó hasta el final su condición", defienden, asegurando que "no les extraña que ante tal pillada se mostraran ciertos rostros de preocupación entre la Fiscalía y el agente NUMA 2968, puesto que tal ilicitud o irregularidad podría comportar la nulidad o ineficacia de la entrada y registro practicada y de todos los elementos allí recabados".

"No se ha imputado ningún delito fiscal ni a Villarejo ni a ninguno de los otros investigados", recuerda la defensa, que sostiene que "este tipo de actuaciones no pueden permitirse en un Estado de Derecho". "Resulta vergonzoso que el auto judicial se acordase para la investigación de una serie de delitos", argumentan antes de criticar que "finalmente se buscaran unos supuestos elementos de delitos fiscales que no son objeto de la investigación".

Los abogados del excomisario adelantan que, una vez que se levante el secreto de sumario, comprobarán si la causa tiene origen en una denuncia anónima. "Si se llegase a confirmar", advierten, "la diligencia de entrada y registro sería igualmente nula por falta de motivación judicial".