Willy Toledo exige ahora a Bono que se retracte por llamarle "gamberro" y por "criminalizar" al movimiento prosaharaui

El actor y activista prosaharaui Willy Toledo ha emitido este miércoles un comunicado junto a otros cinco compañeros en el que pide al presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, que se retracte por haberles "criminalizado" y "difamado". Esta es su reacción a la decisión de la Audiencia Nacional de archivar la causa que instruía contra los activistas por interrumpir con sus gritos una sesión del Pleno del Congreso de los Diputados que se celebró el 2 de diciembre de 2010 y en la que se debatió la situación del Sáhara Occidental.

"Exigimos que el presidente del Congreso se disculpe públicamente por las injurias vertidas sobre nosotrxs, tal y como nos difamó anteriormente en varios medios de comunicación. Si esto no sucediera, nos reservamos el derecho a emprender las acciones legales pertinentes", dice el comunicado en el que se hace "hincapié" en la "desfachatez y falsedad de Bono".

"Pretendió hacer creer a la opinión pública que éramos unos pseudodelincuentes y unos 'gamberros', haciendo un llamamiento a que 'la causa del pueblo saharaui necesita defensores que estén a la altura', y denunciando públicamente la injuria de nuestros supuestos insultos a los parlamentarios, ahora sobradamente demostrada su falsedad", denuncia el texto en el que recuerdan también cómo el presidente del Congreso "aprovechó la ocasión para desacreditar profesionalmente al actor Guillermo Toledo y criticar su activismo, al que denominó 'gamberradas'".

A su juicio, el Gobierno y en particular Bono llevaron a cabo un "intento salvaje de criminalizar el movimiento prosaharaui y la digna lucha de este Pueblo" y consideran desproporcionadas las medidas que se adoptaron contra ellos. Recuerda que se pidió una condena de entre seis meses y un año de cárcel, que fueron trasladados hasta la Brigada Provincial de Información de Madrid donde se les abrió una ficha policial, que tuvieron que prestar declaración ante un juzgado y que han "sufrido la limitación personal que supone estar acusado por la vía penal durante 10 meses".

Asimismo, insisten en que es un hecho "completamente falso" que hubiesen proferido insultos contra los diputados tal y como, según critican, sostuvo el propio Bono "pese a que era conocedor de que en el acta de la sesión del Congreso no se reflejaba ningún insulto". "Aunque el atestado policial señalaba que los imputados también habían coreado gritos como 'diputados chorizos', el juez señala que éste no se escucha en la grabación de la sesión ni fue recogido en el acta correspondiente, por lo que no lo tiene en cuenta", añaden los activistas.

DECISIÓN DEL JUEZ

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz dictó ayer el sobreseimiento y archivo definitivo de la causa que instruía contra los seis activistas. El magistrado entiende que la actuación de los activistas prosaharauis, que fueron expulsados por el presidente de las Cortes, José Bono, y puestos a disposición de la Comisaría Especial del Congreso tras gritar 'El Sáhara no se vende' o '¡Libertad!', no puede llegar a constituir un delito contra las Instituciones del Estado.

El juez instructor alcanza esta conclusión tras valorar que durante la sesión plenaria "no llegó a producirse interrupción, aplazamiento o suspensión", de forma que el debate que venía desarrollándose "pudo seguir su curso normal, comenzando la votación de la enmienda correspondiente de forma inmediatamente consecutiva a los hechos de las presentes actuaciones".