El actor Willy Toledo, uno de los expulsados de la tribuna del Congreso

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid, estas seis personas se han negado a declarar ante los agentes sobre los hechos que se les imputan, y a continuación han quedado en libertad.

A los activistas se les imputa el delito establecido en el artículo 497 del Código Penal, que establece que quienes perturben "gravemente" el orden de las sesiones de una cámara, sin ser miembros de la misma, podrán ser condenados a una pena de entre seis meses y un año de prisión.El citado precepto señala asimismo que "cuando la perturbación del orden de las sesiones (...) no sea grave, se impondrá la pena de multa de seis a doce meses".

Los activistas, dos ellos invitados por Izquierda Unida, han sido desalojados de la tribuna de invitados y trasladados en un furgón policial a la Brigada Provincial de Información, situada en el distrito madrileño de Moratalaz.

Funcionarios de la Policía que se encontraban en la tribuna de invitados cuando se produjeron los hechos escucharon que, además de las proclamas políticas, también gritaron contra los diputados.En concreto, utilizaron la expresión "¡Diputados, chorizos!", han asegurado fuentes parlamentarias.

Los expulsados se habían puesto de pie, brazos en alto, mientras los diputados votaban las enmiendas de resolución a la Memoria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). "¡El Sáhara no se rinde!", "¡Libertad!", "¡España atiende, el Sáhara no se vende!", "¡Sáhara Libre!" o "¡Cuánta hipocresía!", han sido algunos de los gritos que se han escuchado en el hemiciclo.

La votación se ha interrumpido, y el presidente Bono ha ordenado a los servicios de seguridad expulsar de la sala a estas personas y llevarlas a la Comisaría del Congreso por si hubieran cometido alguna "falta o delito". Entre los expulsados, aproximadamente una decena de personas, se encontraban dos que habían sido invitadas por Izquierda Unida para seguir la sesión plenaria, el propio Guillermo Toledo y una joven saharaui, han informado fuentes de esta formación política.

Durante la sesión posterior a la expulsión, el Pleno del Congreso ha aprobado una moción de IU-ICV en la que se pide al Gobierno "condenar los incidentes violentos" ocurridos durante el desalojo del campamento saharaui de El Aaiún, aunque sin hacer mención a Marruecos.

La moción también insta al Ejecutivo a "expresar a las autoridades marroquíes su preocupación ante las informaciones sobre violaciones de derechos humanos en el territorio del Sahara Occidental". Todos los grupos parlamentarios han votado a favor, salvo ERC, que se ha abstenido.

El texto es similar a los aprobados por el Senado el pasado martes y por el Parlamento Europeo la semana pasada, que también recibió el respaldo de todos los grupos políticos, y que Marruecos tildó de "parcial, injusta y precipitada".

El acuerdo en el Congreso ha sido posible después de que IU-ICV haya aceptado un texto alternativo del PSOE que omite la condena expresa a Marruecos por desmantelar el campamento por la fuerza. El Gobierno ha insistido en que no condenaría a Rabat mientras no haya datos suficientes para saber lo que ocurrió en el desalojo el pasado 8 de noviembre y en los disturbios de los días posteriores.