El juicio del Yak-42 se reanuda con la petición de cinco años de cárcel para Navarro

La sesión comenzará con la intervención del fiscal del caso, Fernando Burgos, que solicita cinco años de cárcel para el general médico Vicente Navarro, que se encargó de elaborar la lista de los 62 fallecidos en el accidente del Yak-42, y de cuatro años y medio para los dos médicos que redactaron los informes de necropsia, el comandante José Ramírez y el capitán Miguel Sáez.

Burgos, que acusa a todos ellos de un delito de falsedad en documento oficial, señalaba en su informe provisional de acusación que las autoridades turcas entregaron 32 cuerpos identificados al general Navarro y que, en los 30 casos restantes, éste "asignó identificaciones a cada uno de ellos elaborando una lista en la que se hacía constar la identidad".

Con estos nombres, según el representante del Ministerio Público, los cadáveres llegaron el 28 de mayo de 2003 a la base de Torrejón de Ardoz (Madrid), donde Ramírez y Sáez realizaron un informe de necropsia de cada uno de los fallecidos de acuerdo con las anotaciones que habían tomado en el depósito de Turquía.

Hasta seis años de cárcel

La Asociación de Familias Afectadas por la Catástrofe del Yak-42 y otros dos grupos de allegados a los fallecidos piden seis años de cárcel para cada uno de los acusados, mientras que otras dos acusaciones particulares reclaman penas de prisión de tres años.

Además, la Fiscalía solicita que Navarro y los otros dos oficiales sean inhabilitados durante cinco y cuatro años, respectivamente, y que también se les condene a pagar sendas multas de 30.000 y 24.000 euros. Las familias de las víctimas elevan estas cantidades a 60.000 y 48.000 euros, respectivamente.

En la causa también está personada la Abogacía del Estado, que solicita que, si se condena al Estado como responsable civil subsidiario, las cantidades a pagar sean abonadas por las compañías aseguradoras. Por su parte, las defensas de los abogados reclaman la libre absolución de sus representados.

De igual forma, el fiscal solicita que el Estado indemnice con 25.000 euros a cada uno de los cónyuges, padres e hijos de los 30 militares que fueron identificados de forma errónea, mientras que las familias piden otros 6.000 euros para los hermanos de las víctimas.

El juicio podría quedar visto para sentencia este martes, después de que los tres acusados dispongan del derecho a pronunciar la última palabra.