El abogado de Zarrías ve su declaración por los ERE como parte de "un juicio paralelo con fin político"

El abogado del exvicepresidente y exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías, Gonzalo Martínez-Fresneda, ha criticado este miércoles que la declaración como investigado de su cliente por el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos forma parte "de un juicio paralelo con una finalidad claramente política" y ha anunciado que pedirá el archivo de la causa respecto de su patrocinado.

El letrado de Zarrías ha realizado estas declaraciones a los periodistas después de que haya concluido la comparecencia de su patrocinado ante el juez Álvaro Martín dentro de la pieza del procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas investigadas en el caso de los ERE irregulares tramitados por la Junta.

De este modo, Zarrías ha comparecido durante apenas diez minutos ante el instructor y, tal y como ya había anunciado por escrito, se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar y ha ratificado la declaración prestada en el Supremo, en la misma línea de los exconsejeros Carmen Martínez Aguayo y Antonio Ávila, que han comparecido de manera previa y que también han ratificado sus declaraciones como aforados ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

De su lado, la Fiscalía Anticorrupción ha dejado constancia por escrito en el acta de la comparecencia de una sola pregunta en relación a una carta obrante en el expediente de Primayor que envió un representante del Comité de Empresa al ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero sobre el cobro de nóminas.

De este modo, el Ministerio Público le ha cuestionado sobre si habló con el presidente del Comité de Empresa, Manuel López, o con el entonces consejero de Empleo, tal y como expone la carta, para que se arreglara este asunto, pues en la carta se mencionaría que Zarrías habría dado orden de que se arreglara.

Una vez concluida su comparecencia, Gaspar Zarrías ha abandonado los juzgados del Prado de San Sebastián de la capital hispalense en un vehículo que le esperaba en la entrada.

"ZARANDEO"

El letrado de Zarrías, de su lado, ha criticado en declaraciones a los medios el 'paseíllo' que ha supuesto esta nueva declaración y ha considerado que ésta "forma parte de un juicio paralelo con una finalidad claramente política y en perjuicio de la imagen de los investigados", pues en el caso de Zarrías "ha tenido que soportar el zarandeo de la gente que había en la puerta" de los juzgados.

Y todo ello "sin que haya una justificación procesal", ha lamentado el abogado, quien ha aseverado que la comparecencia "no tiene ningún sentido", porque tanto Zarrías como el resto de exaforados que han comparecido ante el magistrado a lo largo del presente mes de marzo "tuvieron ocasión de declarar ante los tribunales ante los que estaban aforados y contestaron unos interrogatorios muy extensos y muy completos, donde no quedó ningún tema por tratar".

"Las partes ya habíamos manifestado nuestro deseo de que no se reprodujeran" estas declaraciones "porque consideramos que son inútiles", pero a pesar de ello el magistrado instructor los citó a declarar, "y a pesar de que al inicio de sus declaraciones todos ellos manifestaron que se acogían a su derecho constitucional a no declarar, los fiscales han insistido en dejar constancia de una serie de preguntas", ha expuesto el letrado.

A su juicio, ello "va en contra de la doctrina establecida" por el Tribunal Supremo, la cual "dice claramente que no se deben hacer constar las preguntas una vez que el investigado ha manifestado que se acoge a su derecho constitucional, porque insistir en las preguntas no tendría otra utilidad más que violentar o intentar violentar esa manifestación libremente expresada por el investigado".

"HA RECIBIDO MILES DE CARTAS DE CIUDADANOS CON PETICIONES"

Frente a ello, los fiscales "han insistido" en hacer constar las preguntas en el acta de la comparecencia "con el argumento pobre de que no está prohibido por la Ley" y el juez, finalmente, ha decidido que se formularan las preguntas, en concreto una sobre la referida carta de Primayor. "A lo largo de los 12 años que ha estado ocupando cargos ha recibido miles de cartas de ciudadanos con peticiones de las que fueran", ha defendido.

El abogado, asimismo, ha insistido en el hecho de que, "cuando se formulan preguntas que ya se ha dicho que no se van a contestar, esas preguntas no pueden ir dirigidas a la persona investigada, y el acto pierde toda su virtualidad y naturaleza procesal". "Yo no sé a quien iban dirigidas, la jurisprudencia y las decisiones de los tribunales son claras en el sentido de que, cuando un investigado se acoge a su derecho, esa decisión, como es el ejercicio de un derecho fundamental, no puede acarrear para él ninguna consecuencia negativa", ha apuntado.

"He preguntado a quien iban dirigidas las preguntas", pues "no pueden ir dirigidas al investigado, porque ya ha dicho que no va a declarar, no pueden ir dirigidas al juez, porque su silencio no puede acarrear ninguna consecuencia negativa, y yo me pregunto si van dirigidas al público, como pudimos comprobar" el día 16 de marzo en las comparecencias de los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, "cuando las preguntas fueron recogidas por todos los medios", ha concluido.