Zarrías rechaza la primera propuesta del Gobierno para reformar la administración local, que cree hasta inconstitucional

El secretario de Política Municipal del PSOE, Gaspar Zarrías, ha criticado el documento elaborado por Administraciones Públicas como base para reformar la administración local, ya que a su juicio es un intento de acabar con la autonomía municipal para convertir los ayuntamientos en "meros instrumentos administrativos".

Los socialistas recibieron hace unos días el documento, lo han analizado junto a sus alcaldes y preparan ya un documento alternativo para entregárselo al Gobierno y continuar negociando. Según ha explicado Zarrías a Europa Press, será un "documento amplio" en el que se abordará la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, pero también la de haciendas locales y una nueva norma sobre gobierno local.

El dirigente socialista ha censurado tanto el fondo como la forma del documento presentado por el departamento que dirige Antonio Beteta. "Esperábamos un trabajo que abordase de verdad las necesidades de las entidades locales del siglo XXI, pero tal y como está, no cumple con los objetivos", ha dicho. "Entra como elefante en cacharrería", ha añadido.

Además, Zarrías ha censurado que no se hagan propuestas más ambiciosas sobre el gobierno local, como replantear la elección de los alcaldes, el número de concejales según habitantes o abordar a fondo qué dimensión deben tener los municipios. Ha asegurado que los socialistas afrontarán estos asuntos en su contrapropuesta y que defenderán el asociacionismo voluntario en torno a figuras administrativas que ya existen, como las mancomunidades o los consorcios.

"UNA LEY PARA INTERVENIR AYUNTAMIENTOS"

Zarrías ha criticado en primer lugar que el Ejecutivo quiere modificar una docena de artículos de la Ley de Bases con la única intención de supeditar la gestión local a la Ley de Estabilidad Presupuestaria, a su cumplimiento en todo caso. Esta es "una ley para intervenir ayuntamientos", ha dicho, a los que a su juicio se dejaría así sin autonomía y pasarían a ser "administraciones de segunda". "Esto violenta la Constitución", ha advertido.

Ha censurado que se quiera imponer esta tutela cuando el desvío de la deuda del sector local el año pasado fue el menor del conjunto de las administraciones, del 0,8 por ciento, y que los ayuntamientos "no son los culpables de la crisis".

"No se puede acabar con la capacidad de respuesta a los problemas de la ciudadanía", ha dicho, para poner de manifiesto que hay consistorios saneados que tienen que mantener la capacidad de dedicar su presupuesto a lo que consideren oportuno. "Tienen que tener capacidad para promover actividad económica", ha insistido.

En una línea similar se ha manifestado en declaraciones a Europa Press el alcalde de Vigo y vicepresidente socialista de la FEMP, Abel Caballero, para quien el Gobierno no se ha centrado en el principal problema de los ayuntamientos, sus competencias y su financiación, sino que busca "exclusivamente" su "control e intervención". Ha subrayado que el problema del déficit público español "no se llama ayuntamiento, sino comunidad autónoma y Estado", y ha defendido que mantengan su autonomía para decidir ingresos y gastos.

COMPETENCIAS DE 1985

El responsable de Política Autonómica del PSOE ha criticado también el listado de competencias recogido en la propuesta del Gobierno, que mantiene básicamente la lista actual pero eliminando las relativas a sanidad y educación. En su opinión, se consagra así una carta de competencias de 1985, cuando es necesario "un listado acorde con el siglo XXI".

Gaspar Zarrías ha defendido que se eviten las duplicidades y que los ayuntamientos ejerzan competencias de otras administraciones, pero no comparte que se cierre completamente la puerta a esta posibilidad siempre que esa competencia esté bien financiada y esa financiación se pague. "El problema de los ayuntamientos es la deuda que tienen con ellos las Comunidades Autónomas. Su agujero son ellas", ha dicho.

Por otro lado, ha criticado la preponderancia que se quiere dar a las diputaciones, que asumirían los servicios que ejercen los consistorios menores de 20.000 ayuntamientos si no son eficaces al prestarlos, de acuerdo con unos estándares de calidad que deberán establecerse. El objetivo, a su juicio, no es así tanto mejorar los servicios como buscar la "desaparición de hecho" de los ayuntamientos y abrir la puerta al "desmantelamiento de los servicios públicos, cuando no a su privatización".

Con respecto a las diputaciones, Abel Caballero ha criticado por su parte que las diputaciones "en general demostraron una incapacidad absoluta" y ha defendido el respeto a "la democracia local", a que los ciudadanos puedan elegir a quien gobierna en la localidad.

"Esperábamos algo más y más acorde con la respuesta que necesita la vida local y no un mero parche para introducir la Ley de Estabilidad. Se cercena la capacidad de gestionar de una administración con derechos y obligaciones, que no es un mero instrumento administrativo", ha concluido Zarrías.