Zelaya asegura que no aspira a la reelección al término de su mandato

"Yo vuelvo a la vida civil, a la vida ciudadana, no a la política", afirmó el depuesto mandatario en una conferencia de prensa celebrada después de intervenir ante la Asamblea General de la ONU, que de manera unánime condenó el golpe y se pronunció a favor de su regreso inmediato a Honduras.

Zelaya señaló que la legislación hondureña prohíbe la reelección presidencial y que cualquier reforma constitucional afectaría a los gobernantes que lo sucedan, además de subrayar que retomará la vida de empresario agrícola que abandonó tras su llegada al poder en 2005.

"En Honduras no hay reelección. No hay ninguna posibilidad, bajo ningún concepto", insistió.

El depuesto jefe de Estado también reafirmó su intención de regresar el jueves a Tegucigalpa para "tratar de dialogar y poner orden" con los responsables del golpe militar que lo derrocó el pasado domingo.

Indicó que en el viaje a la capital hondureña estará acompañado por los presidentes de Argentina, Cristina Kichner, y Ecuador, Rafael Correa, así como por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, y el titular de la Asamblea General de la ONU, Miguel D'Escoto.

"No me puedo quedar fuera del país con lo que está sucediendo", apuntó Zelaya, que dijo no temer a la posible reacción de las autoridades militares a su llegada a Honduras.

El nuevo Gobierno de Honduras reafirmó hoy que el depuesto presidente violó la Constitución y las leyes del país centroamericano, por lo que puede ser capturado si regresa al país y condenado a una pena de 20 años de cárcel.

"¿Quién me protegerá? La sangre de Cristo y mis convicciones", respondió Zelaya a esa pregunta de la prensa.

Dijo estar convencido de que los mismos militares que llevaron a cabo su arresto y deportación, con el respaldo de otros órganos estatales, le permitirán el ingreso al país para que reanude sus funciones.

"Yo creo que las fuerzas armadas de Honduras van a rectificar", afirmó Zelaya, para el que la condena internacional del golpe militar facilitará su regreso al poder.

Asimismo, indicó que seguirá adelante con su propuesta de sondear la opinión del pueblo hondureño de cara a introducir cambios en la legislación electoral que permitan la creación de mecanismos de consulta permanente de los votantes.

"Lo que queremos instaurar es un proceso de participación ciudadana, y a eso es a lo que se oponen", apuntó, a lo que agregó que no puede renunciar a sus derechos.

El depuesto mandatario se reafirmó en la legalidad de la consulta popular que condujo a la crisis que vive Honduras desde la semana pasada y que culminó con su salida forzada del país.

"Si cometí algo ilegal, que me lleven a juicio, que me permitan defenderme, lo que no pueden hacer es romper el orden constitucional", aseveró.

Instó a sus seguidores en el interior de Honduras a expresar su oposición al golpe militar mediante huelgas generales, manifestaciones pacíficas y el uso de otros métodos de desobediencia civil alejados de la violencia.

En su intervención ante la Asamblea General de la ONU, Zelaya aseguró que "la elite" de su país lo depuso por querer introducir cambios que reduzcan las desigualdades sociales.

"He sido acusado de ser un populista, de ser un comunista que quiere arruinar el país, pero en Honduras hay muchas injusticias que provienen de la desigualdad", afirmó.

Antes de su intervención, los 192 países de la Asamblea aprobaron por aclamación una resolución que, además de condenar el golpe militar, pide la "inmediata e incondicional" restitución de Zelaya como gobernante "legítimo y constitucional" de Honduras.

"Esta resolución expresa la indignación del pueblo de Honduras y del resto de la comunidad internacional", dijo el mandatario centroamericano.

Tras su intervención en la Asamblea General, Zelaya se trasladó a Washington para participar en una sesión extraordinaria de la OEA.

El presidente hondureño se vio forzado al exilio el 28 de junio, después de que el Ejército lo sacara de su casa por la fuerza y lo trasladara a Costa Rica, tras mantener un grave enfrentamiento durante varios días con otros poderes del Estado.

El depuesto jefe de Estado insistía en llevar a cabo una consulta popular con vistas a una reforma constitucional que, según sus detractores, le abriría el camino a la reelección, pese a que el Parlamento y el Tribunal Supremo la habían declarado ilegal.