Los abogados de Baleares piden derogar la prisión permanente revisable por su "difícil encaje constitucional"

Durante la presentación de su informe sobre la evolución de la política criminal en España, los letrados que integran la Comisión ha criticado el endurecimiento de las penas, la ampliación del catáloogo de delitos, la introducción de nuevas conductas punitivas, el "pase a un segundo plano" de la finalidad resocializadora y la admisión de penas que "implican la limitación permanente del derecho a la libertad".

De este modo se ha pronunciado la presidenta de la Comisión, Neus Linares, quien ha aseverado que la nueva reforma "se aleja del principio de intervención mínima que debiera prevalecer en la aplicación del derecho penal" y que, abunda, "opta una vez más por un nuevo incremento de la reacción penal que, más que a una necesidad real, responde a postulados de carácter populista que poco o nada tienen que ver con los principios de prevención, proporcionalidad y resocialización".

En su informe, la Comisión advierte de la adopción de tesis "propias de un modelo liberal o positivista", que se traduce principalmente en la utilización de la pena privativa de libertad "más allá de los principios de necesidad y de proporcionalidad".

Por su parte, el abogado Antoni Vicens ha manifestado cómo las sucesivas reformas del Código Penal y el reglamento penitenciario "han cercenado significativamente la potencialidad que encierra la Ley Orgánica General Penitenciaria de cara a la efectiva reinserción de los privados de libertad", en especial "dificultando el acceso al tercer grado penitenciario y a la libertad condicional".

En este sentido, Vicens ha apuntado que el "abuso" de previsión y ampliación de la pena privativa de libertad se ha llevado a cabo sin valorar los efectos negativos "que la misma puede tener tanto para el privado de libertad como para su entorno familiar".

Es por ello que, en este contexto, los abogados que integran la Comisión de Derechos Humanos instan a realizar una revisión crítica del sistema de política criminal y penitenciaria, que "se base en postulados académicos, racionales y científicos y no, como ocurre ahora, en un discurso populista fundamentado en el concepto de seguridad".

Durante su intervención, los letrados han reclamado en esta línea la derogación de las figuras del Código Penal "sustentadas en postulados positivistas", apostando por una "mejor adecuación de la extensión de las penas a la entidad de la lesión o la puesta en peligro de los bienes jurídicos protegidos".

Finalmente, el informe apela a la necesidad de implicar a los agentes sociales en el proceso de reinserción y realizar estudios que ofrezcan datos "fiables" sobre las necesidades concretas de prevención y resocialización "que deben ser atendidas".