Un total de 14 de los 18 acusados de la 'Operación Halcón' acuerdan reducción de condena

En el primer día del juicio, que acoge la Sección Octava de la Audiencia Provincial en Jerez de la Frontera (Cádiz), el tribunal ha rechazado tras un breve receso las cuestiones previas planteadas por las defensas acerca de la vulneración del secreto de comunicaciones y del principio acusatorio, así como la indefensión alegada por varios abogados por las limitaciones y los escasos medios del turno de oficio.

No obstante, sí ha estimado el tribunal la cuestión relacionada con la "excepción de la cosa juzgada", en relación a un acusado que ya había sido juzgado por estos hechos y que ha abandonado la sala con su abogado.

A continuación, los 14 procesados que han aceptado el acuerdo con el Ministerio Público han mostrado su "conformidad" con las acusaciones del fiscal y solo han contestado a sus preguntas y a las del abogado del Estado.

El primero en hacerlo ha sido el que está considerado como uno de los presuntos cabecillas de la trama y exjefe de la Policía Local de Ubrique, Carlos Carretero, --ya en libertad tras haber cumplido condena de cárcel por la 'Operación Karlos'-- quien ha reconocido "en su integridad" los tres delitos fiscales y uno continuado de falsificación documental en documento mercantil imputados por el fiscal en base al acuerdo.

Al igual que Carretero, su pareja, a quien el fiscal consideraba la "verdadera lugarteniente" del mismo en estas actividades como "encargada de llevar la contabilidad real del grupo y de la confección material de las facturas", ha admitido su participación en los hechos.

En ambos casos, según ha apuntado el abogado de ambos, Alfredo Velloso, la atenuante de dilaciones indebidas --la investigación se remonta al año 2000-- y el acuerdo con el Ministerio Fiscal, se traducirá en una rebaja "importante" y "sustancial" de las penas de prisión, que inicialmente ascendía a 36 años de cárcel entre los dos principales acusados.

De la misma forma, los otros 12 imputados también han mostrado su conformidad con el acuerdo con la Fiscalía reconociendo su papel en la emisión de facturas falsas y la participación en una organización ilícita para defraudar a Hacienda, llegando alguno de ellos a admitir haber firmado "facturas en blanco" a cambio de regalos de entre "200 a 500 euros".

La vista se reanuda este miércoles con la declaración de los cuatro procesados con los que no ha habido conformidad con Fiscalía y la práctica de pruebas, que se reducen considerablemente al igual que el número de testigos, estimándose el 8 ó 9 de marzo para la finalización del juicio.

La Agencia Tributaria, que se persona como acusación particular en este caso, alertó en su día de un supuesto "negocio" vinculado a la economía sumergida que consistía en la presunta comercialización en el mercado negro de facturas para desgravarse impuestos de manera ilegal.

Esta práctica causó a las arcas públicas un agujero de 7,6 millones de euros a través de la defraudación de cuotas del IVA y del Impuesto de Sociedades.

Según la Fiscalía, para tal fin utilizó a un grupo de personas que, por hallarse en situación de precariedad económica o por mantener relaciones de parentesco o amistad con los anteriores, accedieron a figurar como titulares de las empresas ficticias que Carlos Carretero fue constituyendo a tales efectos y a firmar las facturas igualmente ficticias que éste les iba entregando, a cambio bien de una magra remuneración bien de la obtención ilegal, por procedimientos fraudulentos, de pensiones de la Seguridad Social.