Los acusados de Sintel pide al tribunal una rebaja de la fianza de 296 a 30 millones de euros

El tribunal tendrá ahora que decidir si acepta o no esta petición de rebaja de cantidad, que las defensas acotan por el impago de salarios e indemnizaciones a los 1.828 trabajadores que se quedaron sin empleo por el cierre de la empresa. Los acusados no han depositado todavía el correspondiente aval para hacer frente a la posible condena pecunaria.

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional celebra este jueves la primera sesión del juicio por el vaciamiento patrimonial de Sintel durante la que se resolverán las cuestiones previas planteadas por partes. La cifra de responsabilidad se fijará al final de la primera sesión.

La Audiencia Nacional sienta en el "banquillo" a ocho antiguos directivos de la empresa para los que el fiscal pide penas de cinco años y seis meses por presuntos delitos de delitos societarios, de insolvencia punible y contra la Hacienda Pública.

El fiscal también pide la responsabilidad civil subsidiaria de la compradora de Sintel, MasTec Inc (empresa cotizada en el Nasdaq), Sintel International Corp -actualmente Nduc Corp- y Artcom Technologies (beneficiaria de parte del dinero de Sintel), ninguna de ellas cuenta con representación legal en el juicio.

DESESTIMA SUSPENDER EL JUICIO.

Durante la mañana, el tribunal desestimó todas las peticiones de las defensas de suspender la celebración del juicio. Entre ellas, los abogados reclamaron la suspensión por la falta de representación legal de estas tres empresas por posible indefensión, que fue rechazada por el tribunal.

Sin embargo, uno de los acusados, Jorge Mas Santos, que se sienta en el "banquillo" junto a su hermano Juan Carlos Mas Santos, ambos hijos del empresario cubano exiliado en Estados Unidos Jorge Mas Canosa ya fallecido, se presentó como presidente no ejecutivo de MasTec Inc.

Respecto a las otras dos sociedades, el fiscal José Grinda recordó a las Sala que están pendientes de recibir las contestaciones a dos comisiones rogatorias enviadas a las Islas Vírgenes y a Estados Unidos para recabar información sobre ellas e incorporarlas al proceso. Las defensas pidieron la suspensión hasta la llegada de las comisiones, solicitud que el tribunal también desestimó.

Por otro lado, los letrados de los acusados también reclamaron la suspensión del juicio por presunta vulneración del derecho de defensa debido a la ausencia de uno de los acusados, Ricardo Campos, cuyo abogado presentó un certificado de enfermedad. El presidente del tribunal ha considerado que su presencia no es imprescindible.

Por tanto, está previsto que al final de la vista el tribunal fije la cantidad por responsabilidad civil que tendrán que pagar los posibles condenados y señale las fechas para la continuación de la vista oral, que previsiblemente tendrá lugar el próximo octubre, momento en que se escuchará la declaración de los acusados.