El plan para aflorar el empleo sumergido se queda en una subida de las multas

El Consejo de Ministros aprobó hoy el decreto ley de medidas para la regularización y control del empleo sumergido que, en un principio, pretendía que aflorara el trabajo irregular y que se reconociera a los trabajadores una parte del tiempo trabajado.

No obstante, el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, anunció tras el consejo que el plan "no va a mirar al pasado", de forma que a ningún trabajador regularizado se le reconocerá el tiempo que haya trabajado antes de que la empresa le dé de alta en la Seguridad Social.

En los borradores del decreto que manejaron los agentes sociales se preveía la posibilidad de que se les reconocieran de manera retroactiva al menos seis meses de cotización.

De esta forma, el plan se limita a un aviso a los empresarios para que afilien a sus trabajadores irregulares antes de que se vean obligados a pagar mayores multas si son descubiertos por la Inspección de Trabajo.

"No hemos querido sorprender, avisamos de lo que va a suceder", afirmó el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, quien insistió en que no se va a "amnistiar" a las empresas.

De momento, a los empresarios que sean sorprendidos con empleados no afiliados se les aplicarán las sanciones que rigen actualmente, en tanto que la multa subirá más de un 300 % desde agosto, según advirtió Gómez, que confió en que este endurecimiento surtirá efectos positivos.

Así, cuando se incumpla la obligación de afiliación y alta en la Seguridad Social, la sanción pasará de los 625 euros como mínimo y los 6.250 euros como máximo que se contemplan actualmente, a multas de entre 3.126 euros a 10.000 euros a partir del 1 de agosto.

En caso de compatibilizar el trabajo con el cobro de prestaciones de desempleo y otras de la Seguridad Social que sean incompatibles, las sanciones actuales -que van de 6.251 euros a 187.515 euros-, serán de 10.001 euros como mínimo y se mantienen los 187.515 euros de máximo.

El Ministerio de Trabajo asegura que el plan incluye "medidas extraordinarias de estímulo" a la regularización del empleo no declarado, pero según lo explicado por Gómez son únicamente de carácter disuasorio.

Según dijo, junto con las bonificaciones, las sanciones también constituyen una política de estímulo.

Sin embargo, explicó que esta última ya ha sido adoptada por el Gobierno con la bonificación del contrato a tiempo parcial, incluida en el plan de choque para fomentar el empleo de jóvenes y parados de larga duración.

Preguntado por el impacto previsto del plan, reiteró que es muy difícil de calcular, si bien reconoció que el empleo sumergido es "importantísimo" en España como en el resto de la UE, ya que en esta cuestión no hay mucha diferencia con otros países.

Antes de conocerse los detalles del plan, los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez, volvieron a rechazarlo porque creen que desatiende a las trabajadoras del hogar y a los inmigrantes.

El decreto ley que contiene el plan contra el empleo sumergido incluye, además, medidas para el fomento de la rehabilitación de la vivienda que fueron estudiadas en el Consejo de Ministros del pasado viernes, cuyos objetivos son estimular la actividad en el sector y favorecer la creación de empleo.