El exdirector de los Mossos reconoce su "incomodidad" sobre cómo podía "evolucionar" el Govern hacia el 1-O

Batlle ha declarado como testigo en la vista oral, a propuesta de la acusación popular ejercida por Vox, y ha explicado que unos días después de que Joaquim Forn tomase posesión en sustitución a Jané, presentó una carta de dimisión en la que agradecía la "confianza" depositada en él y recalcaba que la policía autonómica "seguiría cumpliendo con la legalidad vigente y con el respeto a las disposiciones que emanaran de la judicatura y Fiscalía".

Ha continuado diciendo que en ese momento había un "cúmulo de factores" políticos, personales, profesionales y familiares que le llevaron a dimitir, todo ello unido a que entendía que el nuevo consejero tenía "la libertad absoluta" de nombrar a su "propio equipo". Tras esta explicación, el abogado de Vox Juan Cremades le ha preguntado directamente si se sentía "incómodo" con el desafío independentista, a lo que el testigo ha contestado que "cómodo no me sentía".

"Estaba incómodo por cómo podían evolucionar las cosas. No sólo por el nombramiento de Joaquim Forn, con quien había tenido una relación muy estrecha en el Ayuntamiento de Barcelona. Yo notaba una cierta incomodidad de cierto sector de partidos de apoyo parlamentario al Gobierno de la Generalitat hacia mi persona", ha concretado, haciendo referencia a la Cup, que pidió en varias ocasiones su dimisión por sus discrepancias sobre la actuación de los Mossos.

La fiscal Consuelo Madrigal ha querido hacer hincapié en este punto y le ha inquirido sobre si esta "incomodidad" fue anteriormente trasladada a Jordi Jané. "No sólo lo comuniqué, sino que en muchas ocasiones la compartí", ha afirmado Batlle, que ha hecho una ligera alusión a que el exconsejero ya explicó ante el tribunal este martes por qué también dimitió.

En su declaración, Jané evitó vincular su salida del Govern con la celebración del 1-O, pero sí que reconoció que una de las circunstancias fue la posibilidad de que "en el futuro pudiera no darse un consenso de acuerdo" en referencia al referéndum. Añadió que ante el cese de conseller Jordi Baiget se "abrió una posibilidad de cambio en el Gobierno" y consideró la oportunidad de no continuar formando parte del mismo.

Por otro lado, el testigo ha afirmado que fue él mismo quien propuso el nombramiento de Josep Lluís Trapero _que próximamente será juzgado en la Audiencia Nacional por rebelión y organización criminal por los hechos del 20 de septiembre ante la Consejería de Economía en Barcelona y el 1-O-- como mayor de los Mossos d'Esquadra. Ha apostillado que esta designación tuvo lugar porque consideraba "necesaria" la recuperación de esta "figura" superior en el cuerpo policial.

Así, a preguntas de Javier Melero, que defiende a Forn, ha destacado que entre la dirección política del cuerpo y la prefectura había una "perfecta conexión y sintonía" y que no se consultaba a la cúpula del departamento de Interior ningún operativo salvo en algunos "episodios" concretos que podían tener "consecuencias políticas". Con todo ello, ha subrayado que Trapero era "muy celoso" cuando actuaba como policía judicial y por tanto "no hubiese aceptado ninguna intromisión política".

Antes que Batlle ha declarado la alcaldesa de Vilanova i la Geltrú y expresidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), Neus Lloveras, que estuvo investigada en este mismo procedimiento, pero finalmente el juez instructor Pablo Llarena acordó archivar la causa contra ella y no la sentó en el banquillo. Esta decisión fue confirmada por la Sala, que rechazó procesarla, tal y como solicitó Vox, que ahora ha solicitado su comparecencia.

Lloveras ha asegurado que "no tuvo nada que ver" con la organización y convocatoria del referéndum y durante toda su declaración ha insistido en que lo único que hizo la AMI _que la integran "casi 800 municipios", ha recalcado-- fue una "manifestación pública, política, sin efecto jurídico" el 6 de septiembre de 2017 de "apoyo" a la consulta independentista, coincidiendo con la aprobación en el Parlament de la Ley del Referéndum.

Asimismo, ha apuntado que la AMI en ningún momento pidió a los consistorios catalanes que cediesen locales públicos para la celebración del 1-O, sino que fue la Generalitat la que mandó un comunicado para saber si disponían de dichos espacios para el referéndum. Sobre este punto, ha dicho que desconoce si finalmente algún ayuntamiento facilitó estos centros.

La alcaldesa de Vilanova i la Geltrú también ha sido preguntada sobre si estuvo presente el 20 de septiembre en la concentración a las puertas de la Consejería de Economía y ha indicado que se pasó por la zona porque ese día había ido a Barcelona a declarar en Fiscalía por la declaración "de intención política" sobre la votación independentista.

"El ambiente era tranquilo", ha destacado, al mismo tiempo que ha señalado que había "un pasillo por dónde se podía llegar perfectamente a la puerta", así como a "periodistas, fotógrafos y cámaras" encima de algo que pensaba que era un "escenario". Después se enteró que estaban subidos encima de coches.

El presidente del tribunal, Manuel Marchena, no ha permitido a la acusación popular que siguiera preguntado por el 20 de septiembre, ya que la en la "declaración de pertinencia" por la que se solicitó su testifical no se incluía estos hechos. "Estamos hablando sobre unos hechos por los que han sido interrogados muchísimos testigos y puede ser superflua", ha enfatizado el magistrado.

Lo mismo ha ocurrido con el fiscal Javier Zaragoza cuando ha intentado preguntarle sobre la jornada del referéndum, momento en el que Marchena le ha recordado que el interrogatorio se limita a lo expuesto por los solicitantes. "¿No pregunto nada del 1 de octubre? Pues no hay más preguntas", ha concluido el representante del Ministerio Público ante la advertencia del tribunal.