El alcalde de Orense, detenido por tráfico de influencias y blanqueo de capitales

A lo largo de este jueves, tras conocerse la detención del regidor orensano junto a otras once personas --entre ellas el alcalde de Boqueixón (A Coruña), del PP--, se han acercado a la comisaría pontevedresa su compañero de partido Antón Louro, además de la mujer del alcalde y su abogado.

En concreto, a las 12.30 horas el teniente de alcalde de Pontevedra y presidente provincial del PSdeG-PSOE, Antón Louro, acudió a la comisaría. Tras abandonar el lugar, declinó hacer declaraciones y se limitó a comentar que acudía a interesarse "por un amigo".

También se presentó en la comisaría la esposa del alcalde de Orense, acompañada de un abogado. Ambos intentaron sin éxito ver al regidor detenido, que permanece custodiado en los calabozos.

A la salida de las dependencias policiales, el letrado declinó hacer declaraciones, mientras que la mujer de Francisco Rodríguez, ya desde el taxi en el que abandonaba el edificio, se limitó a responder a los medios que su marido "seguro que está bien", confirmando que no le dejaron verlo.

La mujer del regidor orensano ha manifestado estar "tranquila" y, preguntada si confiaba en la inocencia de su marido, ha asegurado que "por supuestísimo que sí".

Detenciones y registros

Entre los cinco detenidos en Galicia están, además del regidor, el expresidente de la Confederación Hidrográfica do Miño-Sil con el Gobierno del PSOE, Francisco Fernández Liñares, y el funcionario del servicio de contratación del Ayuntamiento de Santiago de Compostela, Román O.F.

Los arrestos fueron practicados por efectivos del servicio de Vigilancia Aduanera, que actúa como policía judicial en el marco de una operación coordinada por el Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo, que dirige Pilar de Lara Cifuentes.

Además, se han practicado varios registros, dos de ellos en despachos de la Confederación Hidrográfica do Miño-Sil situados en dos puntos de la ciudad de Orense, donde se han recabado expedientes de varias obras realizadas por distintas empresas.

Según fuentes de la investigación, en ambos casos se les investiga por supuestos delitos de blanqueo de capitales y tráfico de influencias en relación con adjudicaciones de obras.